Cárcel, multas y disculpas públicas: esto contempla la sentencia del caso Las Malvinas

La sentencia del caso Las Malvinas, en donde se declaró culpable a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro menores de edad, contempla más que condenas carcelarias.

Además de instar que 11 militares cumplan 34 años y ocho meses de prisión, y que los cinco colaboradores eficaces estén recluidos por 30 meses, también se ordenaron indemnizaciones, multas y disculpas públicas.

Precisamente se dispuso al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) una ceremonia en la que se reconozca la responsabilidad institucional y se solicite una disculpa pública, como también la colocación de una placa con los nombres de los niños en la Base Aérea de Taura.

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Asimismo deberán publicar y difundir un extracto de la sentencia condenatoria, con el título “Rectificación y verdad: inocencia de las víctimas del caso Las Malvinas”.

El texto deberá aclarar que los jóvenes no eran delincuentes, sino víctimas de desaparición forzada y que las afirmaciones que los señalaban de estar vinculados a bandas o actividades ilícitas han sido desestimadas por el tribunal.

Esto se difundirá en los medios de comunicación y redes sociales donde originalmente se difundieron. También se incluye la implementación de un programa de capacitación obligatoria y permanente en derechos humanos para la Fuerza Aérea, bajo supervisión judicial.

La Fiscalía explicó que la sentencia exige el pago de una multa de 800 salarios básicos unificados y que cada militar sentenciado tiene que pagar USD 10 000 a los familiares de las víctimas.

Fundamentos de la sentencia

En sus fundamentos, el tribunal describió cómo la patrulla militar interceptó a los cuatro menores en la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil, sin notificar a las autoridades civiles competentes y mencionó que la conducta de los acusados dejó en indefensión a los menores.

Señalaron que los chicos de 11 a 15 años fueron víctimas de golpes, insultos, desnudez y otros actos de tortura. Además, los uniformados regresaron a la base de Taura, donde mantuvieron un pacto de silencio institucional.

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En los exteriores de la unidad judicial, manifestantes del Comité Permanente de Derechos Humanos se concentraron portando pancartas con los rostros de los desaparecidos y consignas que reclamaban justicia.

Por su parte, la defensa de los militares procesados, y el abogado del teniente a cargo de la patrulla, señalan que la sentencia es injusta y carece de congruencia. Adelantan que apelarán la decisión del tribunal por no apegarse a los hechos.