Alquileres sin control facilitan crímenes en urbanizaciones de Guayaquil, Daule y Samborondón
Las urbanizaciones privadas de Guayaquil, Samborondón y Daule se han convertido en espacios codiciados por el narcotráfico, pero enfrentan serias limitaciones legales para controlar el alquiler de casas y departamentos a personas vinculadas a actividades ilícitas. La mayoría de los contratos de arrendamiento no se registran oficialmente, y el control sobre estas transacciones es prácticamente nulo.
En estos tres cantones existen cerca de 600 urbanizaciones privadas que albergan a más de medio millón de personas. Expertos consultados por Ecuavisa señalan que estas zonas son frecuentemente elegidas por integrantes de organizaciones narcocriminales para ocultar sus operaciones debido a la discreción y seguridad que ofrecen.
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La Ley de Inquilinato en Ecuador establece que solo los contratos de arrendamiento que superen los 470 dólares deben registrarse en notarías. Según Humberto Moya, presidente del Colegio de Notarios del Guayas, esta es la principal barrera para evitar que integrantes de grupos criminales alquilen estas viviendas. "No hay una norma sancionatoria si no se inscribe el contrato", subraya Moya.
Además, muchos arrendamientos se realizan mediante sociedades anónimas simplificadas (SAS), estructuras que podrían estar conformadas por testaferros o vinculadas a organizaciones delictivas. Moya indica que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) debería revisar todos los contratos de alquiler del país, ya que actualmente estos documentos no se reportan a la institución.
Byron Sanmiguel Marín, quien fue presidente durante ocho años de una urbanización en Samborondón, asegura que los reglamentos internos deberían obligar a registrar la actividad económica de todos los inquilinos. Para él, la ausencia de este control facilita que personas vinculadas al narcotráfico se establezcan sin supervisión.
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Otro riesgo lo representan las urbanizaciones que colindan con ríos que desembocan en los puertos de Guayaquil, rutas históricamente utilizadas por narcotraficantes para movilizar drogas por vía fluvial.
Especialistas y exadministradores coinciden en que regular los contratos de arrendamiento no es únicamente un tema administrativo, sino una urgencia para la seguridad ciudadana.