Comisión de Transparencia aprobó informe sobre Progen que no identificó responsabilidades a autoridades públicas

La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó un informe de fiscalización sobre los contratos de generación eléctrica suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y las empresas Progen Industries y Austral Technical Management.

El documento sostiene que, a partir de lo analizado, no se identifican acciones u omisiones de autoridades públicas que constituyan incumplimiento de funciones y que puedan derivar en responsabilidad política, según lo dispuesto en la Constitución.

Seis de los 10 legisladores de la mesa aprobaron el informe, mientras que el bloque correísta votó en contra. Un parlamentario socialcristiano se abstuvo.

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Para la bancada de ADN no hubo silencio ni encubrimiento por parte del Gobierno ante el incumplimiento del contrato efectuado ante la crisis energética, que causó un perjuicio directo a los recursos públicos.

El caso Progen continúa bajo investigación. La Fiscalía General del Estado indaga un presunto delito de peculado dentro del denominado caso Apagón, mientras que el Estado ecuatoriano demanda a la empresa en Estados Unidos, luego de que fuera contratada para proveer motores de generación eléctrica en Salitral y Quevedo, compromiso que la compañía estadounidense no cumplió.

El borrador del informe, que tiene 80 páginas, incorpora los testimonios de exautoridades de Celec, como Fabián Calero, exgerente subrogante, hoy investigado por la Fiscalía y Byron Orozco, exgerente de la Unidad de Negocio Termopichincha.

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Lo que llamó la atención es que ni la ministra de Ambiente y Energía Inés Manzano, ni Roberto Luque, exministro de energía encargado, que estuvieron al frente cuando se firmaron los contratos, fueron llamados a comparecer.

Finalmente, el documento recomienda remitir el informe a los organismos de control competentes y exhorta a que las investigaciones penales y administrativas continúen hasta identificar a los responsables y asegurar la sanción correspondiente y la reparación al Estado.