El sistema judicial será declarado en emergencia en agosto, según Mario Godoy
El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, anunció que en agosto se declarará la emergencia del sistema judicial que implica movilización de recursos, entre otras acciones, y las necesidades de la justicia se van sumando.
Godoy entregó a la Asamblea datos de cuánto se requiere para superar algunos de los problemas. Por ejemplo, de las 245 dependencias judiciales, 124 están en estado crítico con deficiencias estructurales y funcionales, 87 tienen un deterioro progresivo.
Además, calcula que para adquisición y mantenimiento de infraestructura física y tecnológica, mobiliario, equipos y vehículos, la judicatura requiere USD 200 millones. Y para que su accionar sea eficiente se necesitan 753 nuevos jueces, el organismo calcula que ellos implican un presupuesto de USD 50,4 millones.
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Cada uno demanda de secretario, citador, gestor de archivo y ayudante. En base a un cálculo de sus remuneraciones se requieren otros USD 22.9 millones.
La Fiscalía no ha dado información sobre las necesidades actuales que tiene de infraestructura y equipos, pero el fiscal general Wilson Toainga informó que se requieren 600 nuevos agentes fiscales, cada uno debe contar con un secretario y asistente como mínimo. El presupuesto, según sus remuneraciones publicadas, sería de USD 58.6 millones.
La Defensoría Pública tiene un cálculo de sus necesidades en infraestructura, equipos y renovación de 22 defensores que se fueron: USD 30 millones. Pero requieren al menos 100 defensores adicionales que junto a un asistente por cada 6 de ellos implican USD 3,2 millones más.
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Si se consiguiera superar el déficit y contratar los nuevos jueces, fiscales y defensores públicos, ellos requerirán oficinas, salas de audiencias, mobiliario, tecnología, vehículos. La Judicatura realiza un análisis de esos costos y necesidades adicionales, aún no hay un valor por eso.
Sin contar eso y sumando todos los rubros, la justicia requiere al menos USD 364 millones, 134 de ellos se deben mantener como presupuesto anual porque corresponden a remuneraciones. Esto significaría duplicar el presupuesto asignado para la Judicatura en 2025.