¿Qué está pasando en el sector público? Estas son las claves para entenderlo
Los funcionarios públicos se encuentran inconformes, molestos e incluso con miedo por la posibilidad de más despidos tras la aplicación de la Ley de Integridad Pública, la cual reformó varias normativas, entre ellas, la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).
Los primeros 5 000 despidos fueron anunciados por el Gobierno este 24 de julio, horas después de que el Ministerio de Trabajo aprobara el reglamento de supresión de puestos en la función pública, la cual aplica incluso a quienes tienen nombramiento permanente.
La vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, dijo que estas desvinculaciones corresponden al Ejecutivo, personal administrativo e IESS. Aseguró que esto no afectará a médicos, docentes, policías y militares.
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Fusión de Ministerios también implicará despidos
El Gobierno también procedió con la fusión de ministerios y secretarías. Los Ministerios pasarán de 20 a 14 y las Secretarías de nueve a tres. Esto implicará una reducción del 41 % de carteras de Estado.
La vocera Jaramillo dijo que esto de manera inevitable implicará despidos, pero aún no precisó una cifra.
Según la funcionaria, la medida responde a una modernización del Estado.
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Evaluaciones semestrales
Todos los funcionarios públicos serán evaluados semestralmente, ya no solo una vez al año, como venía ocurriendo, sin importar su jerarquía ni funciones específicas.
La calificación máxima será sobre 100 puntos y la mínima suficiente, 51. Si se obtiene 50 o menos, el servidor será destituido. La próxima semana se emitirá el reglamento para la evaluación de 453 000 funcionarios bajo seis parámetros relacionados con cumplimiento de metas, eficiencia y calidad de trabajo.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, dijo a ECUAVISA que este 2025 solo se hará un simulacro de evaluación; desde el 2026 se examinará a los funcionarios dos veces al año y ya se aplicarán los despidos cuando el puntaje sea insuficiente.
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Ley de Integridad tiene demandas
La Ley de Integridad Pública, la cual sirve de base para todo este proceso de revisiones y desvinculaciones, tiene demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional.
Esta normativa puede perder su vigencia si la Corte emite un dictamen desfavorable para el Gobierno. Pero esta decisión aún puede tomar varios meses. Mientras tanto, sectores gremiales y sociales ya anunciaron movilizaciones.
Por su parte, la vocera Jaramillo dijo que "quienes deberían estar preocupados son los funcionarios que no cumplen su labor con excelencia".