El primer debate de la ley de transparencia social estaría previsto para el próximo martes
Con ocho votos del oficialismo, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate de la ley de transparencia social que regulará a las organizaciones sociales sin fines de lucro.
La sesión fue virtual la noche de este miércoles. Ahí se revisaron algunos de los cambios y ratificaciones. Por ejemplo, la mesa confirma que la Unidad de Análisis Financiero, UEFA, tendrá la facultad de inmovilizar fondos que considere sospechosos o vinculados a posibles delitos financieros:
“Con base en un reporte de operaciones sospechosas, alerta temprana, denuncia, información del Sistema Nacional de inteligencia o inteligencia propia...”
“La medida deberá ser ejecutada por las entidades financieras en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas, y tendrá una vigencia máxima de ocho (8) días calendario...”
Dentro de ese plazo, los jueces encargados deberán pronunciarse sobre su ratificación o no.
A esto se suma una transitoria para que los montos de dinero que actualmente se encuentren congelados o retenidos en el sistema financiero y estén relacionados con posibles operaciones por lavado de activos, financiamiento del terrorismo o fraude:
“... Deberán ser transferidos en condición de custodia a una cuenta única en el Banco Central del Ecuador, administrada por el Estado, conforme, dentro del plazo máximo de 30 días”.
Este traspaso de recursos del sector financiero privado al Banco Estatal fue uno de los cambios que el Presidente destacó sobre estas reformas. La comisión estableció una clasificación de las organizaciones sociales sin fines de lucro por el nivel de riesgo y con base a sus ingresos, tiempos y los servicios que brinden.
"Porque no es la misma información que deberá remitir una organización social grande con alto riesgo, quizás de acuerdo lo que determine la UAFE, que ha una pequeña que sea de alto riesgo".
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El pago que las empresas deberán hacer por las utilidades no distribuidas será una retención y se proponen dos años para que decidan si capitalizarlas o distribuirlas, eso se convertiría en crédito tributario. La sesión de primer debate en el pleno está prevista inicialmente para el próximo martes.
Opiniones y críticas a la Ley de Transparencia Social
La Ley de Transparencia Social entrará al primer debate la próxima semana, pues es otro proyecto del Gobierno calificado como económico urgente.
En lo esencial, esta ley buscará clasificar y regular a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que reciben financiamiento, estarán obligadas a transparentar dichos recursos.
El oficialismo sostiene que será otra herramienta de control de ingresos ilícitos. Diana Jácome, asambleísta de ADN, indicó:
"Si cualquiera de nosotros o cualquier ciudadano tiene una fundación, no tiene por qué tener incomodidad".
El proyecto propone que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ejerza la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las organizaciones sociales sin fines de lucro.
Esto genera incomodidad, por ejemplo, en una facción de Pachakutik, legisladores creen que se deben hacer salvedades para excluir, por ejemplo, a las comunidades y organizaciones indígenas de las regulaciones y de la obligación de rendir cuentas sobre sus fondos.
Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik, dice:
“Se mete en un solo saco, diríamos a todas las organizaciones y termina afectando como acabo de señalar a la libertad de asociación”.
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Incluso los asambleístas de Pachakutik, que han votado por el gobierno, parecen discrepar con el objetivo de la ley en esta parte.
“Sin embargo, los seis legisladores vamos a sentarnos en mesa para poder enviar nuestras observaciones de manera progresiva”.
El proyecto también proponea que la Unidad de Análisis Financiero inmovilice recursos sospechosos. Sobre esto también hay discrepancias: algunos consideran que, si no quedan claros los detalles de la ley, podría convertirse en una herramienta de persecución. Así piensa, por ejemplo, el correísmo.
“Se disfraza de lucha contra la corrupción, pero su verdadero efecto será silenciar a quienes incomoden al poder".
El proyecto ha recibido críticas adicionales, ya que algunos creen que no se respeta la unidad de materia. A independientes y socialcristianos les preocupa que el texto incluya impuestos a los empresarios por concepto de utilidades no distribuidas y el mecanismo de cobro.
El informe, que ya está en manos de los legisladores, contiene 16 artículos, seis disposiciones generales, cuatro disposiciones transitorias, cuatro disposiciones reformatorias y tres disposiciones finales.
En una de ellas se aclara que la ley no será utilizada como mecanismo de persecución política ni para afectar el derecho a la asociación de las organizaciones sociales.