Daniel Noboa busca que se enjuicie políticamente a jueces de la Corte Constitucional, en su segunda consulta popular

Dentro de las siete preguntas que el presidente Daniel Noboa busca presentar a los ecuatorianos en diciembre próximo, en su segunda consulta popular, está la interrogante de permitir que se enjuicie políticamente a los jueces de la Corte Constitucional.

Con ello plantea que la Asamblea Nacional puede destituir a un magistrado de su cargo, tal como puede hacerlo con un mandatario, un ministro, un superintente, miembros de los organismos rectores de las funciones del Estado o la máxima autoridad de la Fiscalía.

Esta cuestión surgió a las 06:00 de este martes 5 de agosto, un día después que este organismo suspendiera preventivamente los artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia, tras recibir decenas de demandas de inconstitucionalidad.

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Zaida Rovira, ministra de Gobierno, aseveró que la decisión de los magistrados deja sin respaldo a las fuerzas del orden. Niels Olsen, presidente del Legislativo, dijo que los jueces deben una explicación al país.

Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional, calificó que esta pregunta que Daniel Noboa busca consultar a los ecuatorianos es un grave error.

"Es algo como volver al siglo XIX, diría yo, trasnochado totalmente. (...) Eso es antidemocrático, eso es un autoritarismo craso. Yo no creo que esto el presidente acepte, no creo, porque sería una barbaridad", dijo en Contacto Directo.

Salgado manifestó que, quien piense que un juez de la Corte Constitucional no está sometidos a algún control, está "totalmente equivocado".

Explicó que, en caso de una responsabilidad penal, un magistrado puede ser acusado por el Fiscal General del Estado en la Corte Nacional de Justicia.

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La Constitución detalla que, para que un juez de este organismo sea destituido, se necesita de la voluntad por las dos terceras partes de los integrantes de la Corte Constitucional.

Las siete preguntas de Daniel Noboa, entre las que se propone la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y que exista trabajo por horas en el sector de turismo, deberán pasar por la propia Corte Constitucional para verificar si las interrogantes cumplen con parámetros constitucionales.