Front Line Defenders dice que políticas del Gobierno provocan retroceso de derechos
El Gobierno suma una nueva crítica internacional. Esta vez, Front Line Defenders dijo que las últimas políticas de Daniel Noboa "amenazan el derecho a defender derechos" e incrementa los riesgos a quienes se dedican a esta defensa.
En un comunicado publicado este 22 de agosto, la organización cuestionó la fusión de ministerios como el de la Mujer y Ambiente al de Gobierno y Energía, respectivamente.
Sobre esta última fusión, la entidad criticó que la "decisión elimina la fiscalización autónoma del sector ambiental sobre el sector minero". También recordó que muchos casos de líderes sociales criminalizados se dedican precisamente a la defensa del medioambiente.
"Las políticas públicas de promoción de derechos y protección de las personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza no parecen estar en la agenda del gobierno...", dice el documento.
Crítica a las leyes de Noboa
Front Line Defenders también cuestionó las leyes de Noboa y una que está en trámite en la Asamblea Nacional, la de Transparencia Social o conocida como ley de Fundaciones.
El Primer Mandatario dijo que la propuesta busca controlar el flujo irregular de capitales de entidades sin fines de lucro. "El proyecto de ley presentado por el ejecutivo formalmente asocia en su justificativa a organizaciones de la sociedad civil o sin ánimos de lucro con actividades terroristas o ilícitas", dice la ONG.
Asimismo, se hacen observaciones a la Ley de Solidaridad Nacional e Inteligencia, la cual puede dejar la cancha abierta para espionajes. Respecto a estas normativas, se cuestionó que hayan sido enviadas con el carácter de económico urgente, lo que obliga a tramitarlas en máximo 30 días e impide el amplio debate y la participación de otros actores.
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Por último, la ONG llamó la atención por los "ataques de Noboa" a la Corte Constitucional, que suspendió de manera provisional artículos de tres leyes clave del Gobierno.
"Front Line Defenders expresa su preocupación frente a los graves retrocesos en materia de derechos humanos en el Ecuador, los cuales se configuran a través de un conjunto de medidas legislativas e institucionales que debilitan el derecho a defender derechos de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, amenazan la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza", dice una de las conclusiones.