Corte Constitucional: activistas y catedráticos criticaron la Ley de Inteligencia porque viola la intimidad

La tercera y última audiencia que trata sobre las demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Inteligencia (LOI) comenzó a las 10:17 de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, en la Corte Constitucional (CC). Esto dentro de los casos 86-25-IN y 59-25-IN (acumulado).

La diligencia fue convocada por la jueza constitucional Alejandra Cárdenas y la sesión se realizó virtualmente por ZOOM. Acudieron quienes presentaron las demandas de inconstitucionalidad, así como los representantes del Ejecutivo, Legislativo y la Procuraduría

De esta norma están suspendidos 12 artículos y ocho del Reglamento General. Entre ellos, todo el capítulo que obligaba a personas naturales y empresas a entregar información por pedido de los organismos de inteligencia del Gobierno.La audiencia en la que se conocerán los argumentos a favor y en contra.

También están suspendidos los artículos sobre la doble identidad de agentes, los gastos especiales sin respaldo y la interceptación de documentos.

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Convocatoria

En los exteriores de la CC estaba prevista la convocatoria a un plantón de organizaciones sociales. Los denunciantes sostienen que la polémica de la norma radica en que vulnera derechos fundamentales como la intimidad y la protección de datos personales.

Las intervenciones

Luego de la intervención de los amicus curiae, la jueza Cárdenas dio por concluida la audiencia.

El asambleísta de ADN, Esteban Torres, participó en calidad de amicus curiae, es decir, una persona que aporta con información o argumentos para que los jueces tengan más criterios para tomar una decisión.

Torres pidió a los magistrados que revisen una publicación de The Wall Street Journal sobre cómo las peleas de los carteles mexicanos impactan en Ecuador, lo que lo hace uno de los países más violentos.

De ahí que el asambleísta subrayó que es necesaria una Ley de Inteligencia. "Solo aquí nos damos el lujo de decir que no se necesita una Ley de Inteligencia, desconociendo la realidad del país", reclamó Torres.

En este contexto, la jueza Claudia Salgado le preguntó en qué se diferencia la actual Ley de Inteligencia con la Ley de Seguridad que fue derogada. "Quisiera que lo diga en sus palabras, y no me diga que me ponga a leer, por favor", dijo Salgado.

"Yo no sé si usted ha leído la ley anterior y esta ley, pues", respondió Torres. Esto provocó que la jueza ponente intervenga para poner orden.

Acto seguido, Torres explicó que la gran diferencia de esta Ley de Inteligencia con otras normativas anteriores es el sistema de inteligencia, articulándola con la policial, militar y casa policial, e incorporando otras como la de cárceles, aduanas, UAFE y SRI.

La audiencia se retoma pasadas las 15:00 y la jueza ponente, Alejandra Cárdenas Reyes.

Se da paso a la réplica de los demandantes, quienes rebaten los argumentos expuestos por Presidencia y Asamblea.

Los participantes de la audiencia se fueron a un receso. Se reinstalará a las 15:00 para las réplicas y la intervención de quienes presentaron amicus curiae.

Comenzó a exponer sus puntos de vista el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino. Dijo que la Ley de Inteligencia no es económico urgente, pues se la viene tratando en la Asamblea Nacional desde 2019 y se la ha discutido con el procedimiento ordinario. Afirmó que sí existe unidad de materia, pues trata sobre el sistema nacional de Inteligencia y todo lo que involucra.

Edgar Lagla, coordinador jurídico de la Asamblea, enfatizó que la LOI otorga seguridad jurídica porque las autoridades saben hasta donde llegan sus competencias. No vulnera la intimidad porque se rige bajo cuatro estándares.

1.- Se ajusta a la ley.

2.- Persigue fines legítimos.

3. Es proporcional.

4. Las actividades son debidamente controladas.

"Los procedimientos que se usarán para extraer información están ajustados a la ley", dijo Lagla. Además se persigue un fin legítimo, la seguridad integral.

Tras finalizar la ronda de preguntas, intervino Mercedes Mediavilla de la Asamblea Nacional, quien explicó que Ecuador se convirtió en en el país más violento de América Latina y uno de los más violentos del mundo con 8 004 muertes violentas. También expuso cómo se dio el trámite legislativo de la norma, el cual fue muy amplio y diverso. Dijo que las intervenciones de los activistas se hicieron con base de supuestos. "Se presentó una inconformidad de las normas y no una explicación frente a un control abstracto de constitucionalidad del por qué las mismas son inconstitucionales".

José Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos Pontificia Universidad Católica del Ecuador, manifestó que se puede clasificar la información de inteligencia de forma unilateral. A las 11:20, la jueza preguntó: con base en el contexto de violencia e insegurdad que se vive en Ecuador, ¿cuáles son los elementos para que puedan convivir un sistema de inteligencia y a la vez se respeten los derechos?

Los expertos y activistas coincidieron en que se debe luchar contra la delincuencia, pero se debe respetar la proporcionalidad y sin restricciones de derechos como la privacidad, intimidad o reunión.

Fue el turno de Vivian Idrovo, de la Alianza de Derechos Humanos. Se quejó que la LOI se opone al derecho de derecho y pone en riesgo a los líderes y lideresas sociales que buscan justicia. Dijo que el Ejecutivo concentra poder con las herramientas para atentar contra la intimidad.

Angélica Porras, del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), dijo que las estrategias militares no sirven para frenar la violencia. Cuestionó que la LOI servirá para espiar a los líderes de las organizaciones sociales y a quienes se opongan a las políticas de cualquier Gobierno. "Atenta contra la división de poderes, así como los pesos y contrapesos".

La primera abogada que intervino fue Ariadne Celi de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). Manifestó que la Ley de Inteligencia infringe la seguridad jurídica y permite la persecución selectiva a personas que el Estado considere como amenazas. La Ley de Inteligencia da paso a la violación de otros derechos. La acompañó Andrea Toapanta, de la misma organización, quien manifestó que la LOI es una herramienta que constituye una amenaza a la ciudadanía y una violación a la intimidad. Dayuma Amores pidió la insconstitucionalidad porque, bajo el pretexto de la inseguridad, las autoridades pueden acceder a información privada y sin autorización judicial.

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