En la Comisión de Fiscalización se aprobó el informe sobre presuntas irregularidades de los operadores de justicia

Con seis votos afirmativos, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobó el informe de la investigación sobre la cadena de seguridad y justicia del Estado.

Esto, respecto a las presuntas irregularidades de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno, se informó en el Parlamento. El reporte recomienda impulsar una plataforma única de inteligencia de seguridad, que incorpore datos -en tiempo real-, sobre aprehensiones, partes policiales, medidas cautelares, sumarios disciplinarios y auditorías patrimoniales para garantizar una adecuada administración de justicia.

La impunidad ocasionada por decisiones judiciales cuestionables como el otorgamiento de medidas sustitutivas a detenidos por delitos graves, incluso en casos de reincidencia o flagrancia, evidencia una descoordinación entre la labor policial-militar con una respuesta inadecuada del sistema judicial, lo cual debilita los esfuerzos estatales en el contexto del conflicto armado interno.

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Una base de datos

El informe propone que las entidades, que forman parte de la plataforma única de inteligencia de seguridad (Policía, Fuerzas Armadas, Contraloría, Fiscalía, Corte de Justicia, entre otras), incluyan en la información las variables que permitan identificar, desde la fase de investigación previa, a las personas aprehendidas o procesadas que sean jueces, fiscales, defensores públicos, autoridades policiales y militares, y servidores públicos en general.

Sugiere reformas a los códigos orgánicos Integral Penal (COIP), de la Función Judicial, Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público y de la Contraloría General del Estado. La idea es incorporar la figura de la “declaratoria de caso complejo” con objetivos claros y plazos. Lo mismo para endurecer las sanciones aplicables a los servidores públicos del sistema de seguridad y justicia que cometan delitos, con agravantes en casos de corrupción o vínculos con el crimen organizado.

Tras aprobarse el informe, Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión, dispuso que se remita su texto a las diferentes instituciones relacionadas con las temáticas de seguridad y justicia.

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