La audiencia de los 11 detenidos en Otavalo por presunto terrorismo fue suspendida
Un tribunal suspendió este martes 21 de octubre la audiencia de apelación a la prisión preventiva interpuesta por 11 de los 12 procesados por el delito de terrorismo que fueron detenidos en Otavalo, provincia de Imbabura, epicentro de las protestas indígenas contra el Gobierno de Daniel Noboa.
Conocidos como 'Los doce de Otavalo', el grupo fue detenido el 22 de septiembre, después de un ataque contra un cuartel policial durante las manifestaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por el alza del precio del diésel y otros reclamos, que este martes cumplieron un mes.
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La audiencia de apelación se instaló el pasado viernes en Quito a favor de once de los detenidos, ya que el abogado del número doce no apeló a la medida, pero se suspendió porque los jueces determinaron que era necesario realizar un diálogo intercultural con la presencia de los procesados.
En la reinstalación de este martes, los magistrados escucharon a los aprehendidos, que fueron trasladados desde la cárcel de Ibarra, y también a los líderes de sus comunidades, quienes hablaron sobre la situación económica, laboral, social y cultural de los indígenas kichwa procesados.
Posteriormente, los jueces, el fiscal, los detenidos, los abogados y los líderes comunitarios formaron una ronda para dialogar sobre la apelación a la prisión preventiva interpuesta y que se pueda llegar a "una decisión que sea la más progresiva en materia de derechos" que permita garantizar la presencia de los indígenas en el proceso judicial sin que estén en la cárcel, según explicó el abogado Aquiles Hervas, el facilitador del diálogo entre los jueces y las comunidades indígenas.
Los líderes comunitarios propusieron que los detenidos podían quedar en custodia de los pueblos o que se embarguen sus bienes, para garantizar que acudan a las diligencias judiciales que se ordenen.
"Si tiene que presentarse cada semana nosotros podemos garantizarlo", se comprometió uno de los dirigentes.
Tras escuchar las propuestas de las comunidades, los jueces suspendieron nuevamente la diligencia, que será reinstalada en los próximos días para conocer si los indígenas saldrán en libertad con medidas alternativas o permanecerán en prisión preventiva.
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"Son rehenes del Gobierno"
A la audiencia acudió la vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, quien señaló que esperaban que los jueces liberen a los detenidos ya que consideraban que su captura fue "ilegal" y que son "rehenes del Gobierno".
Castañeda también indicó que ellos están dispuestos a conversar con el Gobierno, pese a que desde el Ejecutivo cerraron el pasado domingo la posibilidad de un diálogo con las comunidades indígenas. "Esto está en las manos del presidente de la República", añadió.
Mario Ruiz, abogado de varios de los detenidos, dijo que este proceso es una de las causas por las que las comunidades indígenas mantienen las protestas, y que "si no hay presión por parte de ningún poder del Estado sobre la Justicia" los procesados deberían ser liberados.
"Esta causa es una muestra de si la Justicia es independiente o ya está arrodillada a Carondelet", agregó.
Por su parte, una comunera dijo que ellos no quieren que el presidente Noboa les dé bonos, sino que se siente a dialogar y que se comprometa a mejorar la seguridad, la salud y la educación.
Agregó que el alza del precio del diésel sí les afecta, pero que a lo mejor entenderían la decisión si el dinero ahorrado se viera reflejado en mejoras para las comunidades.
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Hasta el momento, las protestas dejan dos muertos por armas de fuego, cerca de 300 personas heridas y más de 200 detenidas, según datos de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Si bien las protestas indígenas comenzaron por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, luego la Conaie incluyó otros pedidos y sumó también su rechazo a la consulta popular y referéndum del próximo 16 de noviembre, en el que, entre otras cosas, se preguntará -por iniciativa del presidente Noboa- sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, lo que ha llevado al Gobierno a señalar a la protesta como "política".