Sectores agrícolas y turísticos reportan pérdidas por cierre de fronteras

Se cumplen cuatro días del cierre de los pasos fronterizos que conectan a Ecuador con Colombia y Perú. Habitantes de comunidades de Carchi señalan que la medida ha modificado el tránsito habitual de personas, sus actividades agrícolas y el intercambio de productos.

En la frontera sur, sectores turísticos también expresan su preocupación por el impacto económico que podría agravarse si se mantiene el cierre de los cruces binacionales.

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En la frontera norte, el único paso autorizado se mantiene en Carchi, a través del puente internacional de Rumichaca, dejando fuera de operación tres accesos utilizados a diario por las comunidades de Urbina, Tufiño y El Carmelo, que concentran alrededor de 9.000 habitantes. Actualmente, el cruce de automóviles es nulo y las motocicletas deben ser empujadas por el borde de la vía para continuar su trayecto.

Para los comuneros que residen del lado colombiano pero trabajan en actividades agrícolas y ganaderas en territorio ecuatoriano, el trasbordo se ha convertido en la única opción. Quienes se abastecen de productos deben trasladar sus compras al hombro, ante la imposibilidad de cruzar en vehículos.

Fidel Paguay, habitante de la parroquia Tufiño, aseguró que la paralización del transporte afecta a varios sectores. “Las camionetas paradas, sin tener trabajo, nos perjudican tanto como al transporte, a los restaurantes y al mercado. Antes venía gente a visitarnos por las aguas termales”, señaló.

La cotidianidad en las comunidades fronterizas está marcada por la presencia del Ejército, desplegado para impedir cruces irregulares. “Hemos realizado operaciones en el ámbito interno; estamos ejecutando controles de armas, municiones y explosivos, reforzando el cordón fronterizo”, indicó un oficial militar.

La presencia de las Fuerzas Armadas también se extiende al puente del río San Miguel, que conecta la provincia de Sucumbíos con el departamento del Putumayo, en Colombia. Hasta ese punto llegó Jairo López, alcalde de San Miguel, del lado colombiano, quien solicitó a la Cancillería de su país la instalación de mesas de diálogo.

“Aquí hay una clara violación de derechos internacionales, como el derecho al comercio y al transporte en nuestros territorios fronterizos”, afirmó López.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señaló, en un comunicado, que la restricción del paso en la frontera común es una decisión unilateral del Gobierno ecuatoriano, que justificó la medida tras un análisis técnico y con base en informes de inteligencia orientados al control de la seguridad y al combate del crimen organizado.

Mientras tanto, en la frontera sur, nuevos pronunciamientos exhortan al Gobierno a dejar sin efecto la medida. La Corporación Hotelera y la Asociación Mesa Turística de Loja advirtieron sobre las “pérdidas en la dinámica turística, comercial, productiva y cultural” en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.

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Sócrates Carrión, representante de la Mesa Turística de Loja, señaló que durante los últimos cuatro y cinco años se ha trabajado en la promoción de Loja y Zamora Chinchipe en el norte del Perú.

En cantones como Zapotillo y Macará existe preocupación y se mantiene vigilancia sobre el impacto del cierre, pues mientras los pasos formales permanecen desolados —como el puente internacional de Lalamor—, se han activado accesos informales sobre el río Catamayo, donde se evidencia el cruce de personas sin control.