Banco Territorial: En medio de procesados fallecidos, el caso de lavado de activos no llega a un juicio tras 12 años

En las calles Panamá e Icaza, del centro de Guayaquil, queda un vestigio del que fue la institución financiera más antigua de Ecuador: el Banco Territorial, fundada en 1886.

Su fin llegó 127 años después, en 2013. Si bien fue liquidado por tener insolvencia y registrar altos niveles de morosidad en su cartera, varias transferencias millonarias con el sistema SUCRE, una estructura que servía para hacer transacciones con Venezuela, fueron vistas por la Fiscalía General como indicios de un presunto caso de lavado de activos.

Tras realizar varias indagaciones, la Fiscalía asegura que esa trama habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano por aproximadamente USD 300 millones, al registrarse transferencias entre 2012 y 2013 por supuestas exportaciones que nunca se efectuaron y otras que fueron hechas de manera sobrevalorada.

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El Ministerio Público apuntó que esos movimientos bancarios podían ser considerados como ingresos de capital de origen ilícito y que Francisco Zunino, quien era el presidente del directorio del Banco Territorial, y Raúl Sánchez Rodríguez, quien era gerente, nunca alertaron a las autoridades de control.

Sin embargo, tras 12 años, este proceso penal no ha llegado a una audiencia de juicio, y por lo tanto, nadie ha sido declarado culpable.

Uno de los motivos que el caso haya demorara tanto, que actualmente tiene a 30 personas y 33 empresas procesadas, es que se dictaron dos nulidades mientras se esperaba la audiencia de preparatoria de juicio.

Aquellas decisiones se tomaron en 2016 y 2020 porque dos personas vinculadas no fueron debidamente notificadas. Por ello, en esas dos ocasiones, el proceso tuvo que retroceder hasta lo que se había avanzado en 2015.

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Asimismo, mientras una resolución judicial del caso aún no llega, tres personas que recibieron dictamen acusatorio de la Fiscalía han fallecido:

Los dos primeros fueron vinculados porque sus empresas habrían recibido parte del dinero enviado desde Venezuela para "para perder y borrar el rastro de su origen ilícito", según lo expuesto en la audiencia preparatoria de juicio.

El tercero fue acusado de participar en la asesoría que servía para la constitución de estas compañías que obran de forma dolosa. Su abogado indicó que Verduga nunca perteneció a la estructura de una compañía vinculada y que la Fiscalía no determinó como su defendido cometió el delito.

En agosto de 2022, el juez Ernesto Guzmán Navarrete de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil llamó el caso a juicio, así elevándose al Tribunal de Garantías Penales.

Sin embargo, el proceso fue sorteado cuatro veces porque distintos jueces declararon como nulo el sorteamiento porque aparentemente no se había cumplido ciertos requisitos. Finalmente, en mayo de 2023, la competencia fue radicada en un tribunal actualmente conformado por los magistrados Carlos Manzo, Diógenes Cueva y Alizon Ramírez.

La audiencia de juicio debió ocurrir en julio de ese año, pero el procedimiento ha sido diferido una veintena de veces ante revisiones de medidas cautelares, pedidos de Fiscalía y de los procesados.

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Esta diligencia ha sido convocada por última vez para el 26 de septiembre de 2025, pero solo en contra de 15 personas procesadas, entre las que están los fallecidos Verduga Shaoul y Borja Farah. Solo una de ellas sigue cumpliendo prisión preventiva.

Mientras tanto, varios procesados han pedido que se declare la prescripción de la acción penal, porque alegan que el proceso ha demorado más tiempo que la pena que se podría imponer en su contra. Sus solicitudes no han tenido un dictamen aún.