El reglamento de la Ley de Solidaridad define uso de casas, dinero y animales incautados a la mafia

Un mes después de que se publicada en el Registro Oficial la Ley de Solidaridad, el presidente Daniel Noboa emitió el reglamento a la norma. El 15 de julio de 2025, consta el documento en el portal de decretos ejecutivos.

El reglamento comprende 28 artículos, cuatro disposiciones generales, cinco transitorias y dos reformatorias. Eso mientras, la Ley como tal, tiene 18 artículos. El objetivo de la norma es regular la aplicación del régimen jurídico en el marco del conflicto armado interno, contenido en la Ley de Solidaridad, en la cual se establecieron medidas financieras, tributarias y de seguridad.

En el artículo 8 del reglamento se dispone la creación de un Comité de Calificación y Certificación para el Fortalecimiento de las Fuerzas del Orden. Su función será coordinar interinstitucionalmente la rebaja del impuesto a la renta, donación de bienes inmuebles, equipos o suministros en óptimas condiciones.

El Comité tendrá la potestad de certificar o negar los instrumentos técnicos de la Policía o Fuerzas Armadas sobre los bienes inmuebles, susceptibles a donación. También deberá determinar -según el catálogo que armen los ministerios del Interior y Defensa, los bienes a ser donados, además de su idoneidad y la licitud de los recursos.

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El Ministerio de Finanzas determinará el monto anual máximo que la Policía y las Fuerzas Armadas podrán recibir en donaciones. El artículo 11 del reglamento estipula que los ministerios deberán crear el catálogo de bienes muebles. Además, cataloga los vehículos, equipos tecnológicos y forenses, armamento y aeronaves, como bienes nuevos.

Para recibir las donaciones, el artículo 13 del reglamento estipula que la entidad donante debe emitir un oficio a los ministerios. La Policía y las Fuerzas Armadas revisarán la solicitud, los informes técnicos, jurídicos y económicos. Cuando se apruebe la solicitud, las máximas autoridades suscribirán el contrato de donación.

La entidad beneficiaria tendrá hasta el 15 de enero del año siguiente a la donación para notificar al SRI el detalle de las donaciones recibidas. Los ministerios deberán distribuir equitativamente los bienes y reportar mensualmente al Comité sobre la distribución.

Sobre este punto, el experto en seguridad Jean Paul Pinto sostuvo que ya había una normativa en el SRI que aceptaba las donaciones tangibles e intangibles para la Policía y Fuerzas Armadas. Dijo que en el reglamento de la Ley se Solidaridad no se contempla donaciones intangibles como proyectos de seguridad, financiar planes, capacitaciones, entre otros.

Algo similar acotó el catedrático Renato Rivera. Considera que se crearía más burocracia para procesos que ya existen. Además que podrían beneficiar a ciertas empresas especialmente militares, que no quieran pagar impuestos.

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Los plazos para disponer de los bienes, valores y más, incautados en los operativos

Desde el artículo 21 al 24, el reglamento detalla sobre los bienes en posesión, uso o goce de los grupos armados en Ecuador. Se detalla que las fuerzas del orden podrán utilizar los bienes objeto de incautación siempre que se justifique la necesidad de buscar indicios adicionales.

Por ejemplo, una semana después de la captura de Fito en Manabí, las autoridades volvieron a inspeccionar el inmueble. Se hallaron caletas que contenían joyas, armas y dinero en efectivo.

Luego, se realizará un acta militar o policial con el inventario que, posteriormente, deberá ser publicado por Inmobiliar. Según el reglamento, si una persona civil alegue que la propiedad es suya, deberá adjuntar documentos y demostrar que el bien es lícito. En caso de que Inmobiliar determine que es ilícito, notificará a la Fiscalía.

Así mismo, luego de 90 días de la publicación inicial de Inmobiliar, los bienes pasarán a ser de la entidad en caso de que no haya existido algún reclamo. Solo si el fiscal de algún proceso requiera que el bien continúe bajo custodia, deberá notificarlo.

Algo similar ocurre con los valores y dinero efectivo incautados en los allanamientos. Estos no podrán ser utilizados y la entidad encargada de publicar la información y disponer de los mismos será el Ministerio de Finanzas.

Solo Finanzas podrá disponer del dinero o los valores, 91 días después de la publicación inicial del parte policial o militar con el respectivo inventario y en caso de que nadie se haya acercado a reclamar los mismos. El dinero formará parte de los ingresos estatales.

En el caso de los semovientes (animales), no podrán ser utilizados. Quedarán a potestad de Inmobiliar en coordinación con la autoridad agraria nacional.

Operativos de Fuerzas Armadas y la Policía deben ser documentados

En el reglamento también se amplían algunos detalles sobre los operativos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el contexto del conflicto armado interno en Ecuador. Justamente la tarde del miércoles 16 de julio, Noboa decretó la persistencia del conflicto armado.

Con ello, el reglamento de la Ley de Solidaridad es vigente en todo el territorio, incluyendo las cárceles.

Sobre los operativos, en el artículo 17 del reglamento se detalla que la Policía y los militares realizarán sus informes de inteligencia para los allanamientos. Los documentos deberán ser enviados al juez competente en máximo 24 horas después de su emisión.

Los informes de inteligencia están destinados a identificar y caracterizar a los grupos criminales y determinar sus zonas de operación e influencia. Deben contener al menos -según el artículo 18- descripción de los indicios obtenidos que justifiquen el allanamiento, la identificación clara del inmueble, las personas, actividades ilícitas y materiales como armas y más.

También la identificación del grupo armado y la evaluación del área donde se realizará el allanamiento: análisis de amenazas, número estimado de miembros de la organización delictiva, capacidad ofensiva, vías de escape, etc.

Jean Paul Pinto considera que el texto tiene una "redacción bastante militar". Señaló que algunas de las consideraciones que estipula el documento, como respetar el derecho internacional humanitario. "Son cosas que ya están en planes militares, por qué repetir en otro documento normativo", expresó.

Por su parte, Rivera puntualizó que la norma da facultades a la fuerza pública de hacer allanamientos sin un fiscal. Comentó además que los militares "no tienen idea de cómo manejar cadena de custodia y esa falta de entrenamiento va a llevar a cometer excesos".

El experto además añadió que el reglamento omite la función básica de la declaratoria de un conflicto armado no internacional, que es el carácter o fin político de los grupos criminales. Según Rivera, (la norma) es una instrumentalización de las Fuerzas Armadas para una guerra interna.

Con la declaratoria de Noboa de la persistencia del conflicto armado interno, el Ecuador entra en un régimen jurídico especial según la Ley de Solidaridad. Es decir, entre otros aspectos, que los procesos penales de delitos relacionados, deberán ser más rápidos.

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