Dos piezas esenciales del sistema de movilidad de Quito en la mira de la Contraloría: el Trole y el Metro
En las últimas dos semanas, la Contraloría General ha emitido dos informes que ponen contra la pared al Municipio de Quito. El primero es del pasado 4 de diciembre, cuando determinó indicios de responsabilidad penal y sugirió glosas por USD 5,7 millones por los contratos del Metro. El segundo es del 11 del mismo mes y también trata sobre indicios de responsabilidad penal y habla de responsabilidades administrativas por más de USD 79 mil y civiles por USD 2,5 millones en la adquisición de 60 nuevos trolebuses eléctricos que, hasta el momento, superaron los dos millones de kolómetros recorridos.
La evaluación de los troles corresponde al periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2025. El principal hallazgo es que la adquisición se hizo sin acatar las recomendaciones del Servicio de Contratación Pública (Sercop), tampoco hubo condiciones del proyecto de inversión y se omitió procedimientos de contratación pública.
La Contraloría argumentó que la adquisición de los vehículos articulados eléctricos no se efectuó con un proceso de subasta inversa, por tratarse de bienes normalizados y ajustarse a la normativa de contratación pública establecida en el proyecto de inversión. Esto, debido a que el alcalde Pabel Muñoz suscribió el Memorando de Entendimiento con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) con base en el cual, y sin una coordinación previa, el gerente general de la EPMTPQ invitó a la UNOPS a presentar una propuesta y firmó un “Memorándum de Acuerdo” para la adquisición de trolebuses eléctricos, sin considerar lo establecido en el proyecto de inversión.
Los vehículos no cumplieron 15 de las 80 especificaciones técnicas establecidas en el contrato firmado, según el reporte DNA-EP-0007-2025. Es decir, el gerente técnico, el coordinador de mantenimiento de la flota, encargado y los especialistas de mantenimiento aprobaron el diseño del prototipo del trolebús eléctrico sin considerar las especificaciones técnicas previstas en el contrato, tampoco hubo un análisis técnico que justifique su incumplimiento, según Contraloría.
Estas omisiones tampoco fueron observadas por los gerentes técnicos, administrativo financiero, operaciones y tecnologías de la Información; ni por la coordinadora de comunicación, quienes integraron la comisión de entrega recepción, lo que originó que los trolebuses eléctricos no garanticen la seguridad de los usuarios.
El documento es suscrito por María José Benavides, directora nacional de Auditoría de Empresas Públicas (e) de la Contraloría. Como recomendaciones al gerente de la Empresa de Pasajeros, señala que previo al proceso de aprobación de planos, diseños, verificación de pruebas en origen y otros relacionados a futuras adquisiciones de trolebuses eléctricos, debe conformarse una comisión técnica.
Sus integrantes deberán hacer las inspecciones técnicas y documentales que garanticen que la información en las especificaciones, oferta, manuales y normas del fabricante original y contrato, sean consistentes. Esto permitirá que la entidad tenga bienes de utilidad para las actividades institucionales.
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Este caso generó múltiples reacciones. Una fue la del concejal Wilson Merino, quien expresó en X que, hace 10 meses, alertó sobre el tema porque la compra se dio eludiendo pasos esenciales de contratación publica y haciendo que se paguen valores adicionales al "gestor de compra". Desde ese momento -acotó el edil- comenzó la maquinaria para silenciarlo con amenazas y difamaciones en redes sociales.
Asimismo, dio una rueda de prensa ayer, 11 de diciembre, para referirse al tema. Recalcó que para hacer la compra de los troles no se se siguieron los pasos que señala la ley. Se hizo una triangulación y que lo que Merino ha evidenciado desde el inicio. El alcalde Muñoz firmó un convenio de cooperación internacional con un gestor de compras internacionales. "Lo que dice Contraloría es que no hay informes de pertinencia que hayan sustentado esto. El alcalde está solo, tiene una mala asesoría jurídica, no hay informes que sustenen lo que está haciendo el Burgomaestre. Sobre la base de aquello, la Empresa de Pasajeros utilizó a la Unops para hacer la adquisición de los 60 trolebuses". Ese perjuicio de USD 2,5 millones es una glosa.
Frente a las críticas, la Empresa de Pasajeros publicó un comunciado con sus argumentos y rechazó el informe de Contraloría. Dijo que actuó bajo todos los resguardos constitucionales, jurídicos y lo hizo en alianza con Unops. Destacó que esta oficina está presente en 143 países y ha gestionado compras públicas en Brasil (infraestructura de salud), Argentina (equipamiento para escuelas), México (compra de cablebuses) y en Ecuador, con la adquisición de 311 ambulancias para el Ministerio de Salud y el IESS.
Resalta que las conclusiones del informe de la Contraloría carecen de un sustento técnico y legal. No se han tomado en cuenta los argumentos y descargos que la Empresa de Pasajeros ha presentado. En ese sentido -agregó la entidad- el proceso se realizó con apego a la Constitución, los convenios internacionales que respaldan el trabajo de las agencias de las Naciones Unidas en el país y la Ley de Contratación Pública y su reglamento.
Además, la Empresa de Pasajeros ejercerá su derecho a la defensa, en ámbitos nacionales e internacionales. La idea es proteger los intereses de la ciudad y el derecho de su gente a contar con un transporte público moderno, sostenible, digno y eficiente.
Dispondrá y supervisará los servidores encargados y resposanbles del proceso de liquidación del contrato de bienes 1011458, como parte del cierre financiero y operativo del proyecto, en forma conjunta con la Unops y el contratista, subsanen el cumplimiento de las especificaciones técnicas observadas.
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¿Qué pasa con el Metro de Quito?
El máximo organismo de control aprobó el informe de auditoría número DNA6-EP-0003- 2025, que corresponde al examen especial realizado en la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq). Determinó indicios de responsabilidad penal y sugiere glosas por USD 5.7 millones.
Se evaluaron los siguientes puntos:
Igualmente, los contratos:
Pabel Muñoz calificó de "persecución política" al informe de Contraloría. "A algunos personajes les amarga y no les deja dormir el despertar de Quito, las obras nuevas y los servicios mejorados, por eso continúan con la vieja y conocida persecución política. (...) Advertí que los 'informes' de persecución no tardarían en llegar. Dicho y hecho", publicó en sus redes sociales.
Estas observaciones se realizaron en medio de la expectativa por contar con apoyo para la ampliación del Metro hacia La Ofelia y Calderón, en el extremo norte de la urbe, lo cual fue ofrecido por el presidente Daniel Noboa. No obstante, el Municipio ha señalado que no ha recibido respuesta del Gobierno sobre el ofrecimiento de la ampliación. Y cita las declaraciones de Muñoz:
“Lamentablemente no hemos tenido respuesta. Nosotros tenemos el contrato listo en el portal, para adjudicar a quien gane, los estudios para la ampliación del Metro de Quito hasta La Ofelia y se encuentra detenido más de un mes. Tenemos los recursos para contratar los estudios, pero mientras el órgano rector de compra pública no me dé el visto bueno, no podemos hacerlo”.
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