Fiscalía reformula cargos contra policías que vendieron balas a grupos criminales y tendrían una pena menor
Dos días tomó la audiencia de reformulación de cargos en el caso Depuración Azul, que investiga una red de policías vinculados a la comercialización de municiones y armas de fuego a grupos criminales en Ecuador. El 16 y 27 de octubre de 2025 se realizó la diligencia, donde la juez aceptó el pedido de la Fiscalía.
El fiscal del caso pidió reformular cargos de delincuencia organizada por armas, municiones y explosivos. Con ello, los seis policías en servicio activo, un expolicía y dos mujeres que fueron detenidos en julio, tendrían una pena menor.
Es decir, los procesados podrían ser sentenciados máximo a 10 años de prisión de acuerdo al artículo 361 del Código Orgánico Integral Penal y no a 26 años como estipulaba el artículo 369. Ecuavisa.com revisó el acta de la audiencia.
En sus argumentos, el fiscal indicó que no se constituía una delincuencia organizada, ya que en el tiempo de la investigación "no se ha podido determinar una persona que ejerza el mando o financie la estructura". La jueza aceptó el pedido y ratificó la prisión preventiva contra seis de los procesados.
Para otro de los sospechosos, dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. Y así mismo, se mantienen las mismas medidas para una mujer implicada. La jueza también otorgó 30 días más de instrucción fiscal del caso.
Revise: Policía señalado por filtrar datos, estuvo implicado en red para vender carros robados de Colombia.
Las cajas de balas se ofertaban desde USD 40
Durante su intervención, el fiscal del caso detalló las conversaciones entre los implicados. Ellos usaron algunas aplicaciones para comunicarse, enviar fotografías de las municiones y las órdenes de envío por encomiendas terrestres.
En uno de los celulares incautados, había un chat donde se hablaba de municiones nueve milímetros. Las dos cajas se ofertaban a USD 80 y las dejaban a USD 75. En otra conversación aparece una persona de apodo militar rindón -según el expediente- se mencionó 400 (presuntamente cajas) con 50 municiones.
Otro chat entre los negociadores de la red, se consultó sobre 12 cajas por USD 1 000. También se ofertaron alimentadores. Algunas de las balas vendidas eran de fogueo calibre 38 y 9 milímetros. Es decir, eran municiones traumáticas.
Incluso durante la investigación, las autoridades determinaron que algunas municiones que se comercializaron a al menos tres grupos organizados como los Freddy Kruger, habían sido donadas por la Embajada de Estados Unidos. Los uniformados implicados no registraban municiones sobrantes y luego las sacaban, almacenaban y las vendían.
En otro de los celulares, los agentes encontraron una conversación sobre la venta de 500 balas a USD 2 cada una. Además de un pedido de 50 cajas de balas, control de rastrillos y consultas sobre municiones 5.56 (para fusil).
Adicionalmente, la red habría comercializado armas traumáticas. USD 500 costaba una de marca Ekol. La captura de los implicados ocurrió en julio, y hasta junio, se detallan conversaciones sobre la venta del arsenal.
Los uniformados procesados verificaban las cantidades sobrantes en los rastrillos (cuarto destinado al almacenamiento de armas y municiones). Uno de ellos tenía el cargo de guarda almacén en el distrito Metropolitano de Quito. Según el expediente, debía regresar las municiones que no se usaban en las prácticas de tiro, pero no fueron reingresadas sino comercializadas.
No solo se ofertaron municiones de la Embajada de Estados Unidos, también cajas adquiridas en Santa Bárbara, calibres 38, 12 y 2.23 milímetros. Los precios rondaban los USD 2 600 y USD 2 500.
Algunos pedidos eran de 1 000 y 2 000 caramelos (balas) por USD 55 o USD 60. Los agentes enviaban fotos y videos de los pedidos calibre 5.56 y 2.23 ambas para fusil.
Las alimentadoras se ofertaban por USD 650 y otros accesorios como piezas y cargadores para todo tipo de arma de fuego. Incluso, se habría vendido una granada de tres tiempos.
Las balas por unidad, se vendía en USD 1.50 si eran viejas y USD 2 unas nuevas calibre 5.56.
Red distribuyó municiones y armas en al menos cuatro ciudades
Los policías implicados en la venta de municiones y armas de fuego tenían un esquema para la distribución y entrega de la mercancía ilícita. Los seguimientos establecieron que algunos acudían con el uniforme a las terminales terrestres para enviar las encomiendas.
Uno de los paquetes de 2 000 balas fue enviado a Bahía de Caráquez (Manabí). Se hicieron hasta dos o tres envíos por día a distintas ciudades. La instrucción era usar diferentes cooperativas de transporte.
Otros parquetes fueron enviados a Latacunga, Pichincha, Ibarra y hasta Guayaquil. En esta última ciudad, hubo un miembro de banda detenido cuando retiraba uno de los paquetes.
Mientras que para Pichincha, entre las conversaciones, uno de los implicados sugirió consolidar en un solo envío 10 cargadores para Glock, municiones Norma por USD 1 400. El pago debía ser en efectivo y la advertencia era ocultar bien los artículos en la encomienda e ir personalmente a la terminal.
Con los 30 días más que añadió la jueza, la instrucción fiscal concluirá a finales de noviembre. La magistrada de inhibió de la causa ya que con la reformulación de cargos, deberá ser otra unidad penal la que asuma el proceso.
Te puede interesar: La Policía revela un mecanismo para legalizar armas que entran de contrabando a Ecuador.