La tensión entre el Gobierno y la prensa se incrementó durante el paro nacional

En las últimas semanas, la relación entre el Gobierno Nacional y la prensa ha sido cada vez más tensa y la situación ha empeorado luego de que estallara el paro nacional que hoy cumple 23 días. La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) presentó su último reporte, este 13 de octubre de 2025, sobre los ataques a la libertad de expresión y asociación durante las movilizaciones.

El reporte contabiliza 46 agresiones: 23 a periodistas, 15 a trabajadores de la comunicación, seis a organizaciones de la sociedad civil, un medio de comunicación y uno a la ciudadanía.

La entidad acota que la violencia contra la prensa, en las movilizaciones se expresa en ataques físicos, amenazas y restricciones de información. Fundamedios documentó 27 ataques físicos, cinco amenazas y cuatro casos de limitación al acceso a la información. 11 mujeres y 29 hombres fueron víctimas.

La mayoría de las hechos se concentran en Quito, con varios casos en Cotopaxi, Imbabura, Carchi y Azuay. Además de incidentes en el espacio digital. La violencia se extiende a escala nacional, "reflejando el riesgo que enfrentan quienes informan", señala el reporte.

Sobre este tema, en la habitual rueda de prensa informativa de los lunes, Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia, recibió las observaciones y pedidos de los comunicadores para garantizar el trabajo de la prensa durante las marchas de protesta. Ella resaltó que no se debe generalizar que hay represión contra la prensa.

Si bien los periodistas hacen su trabajo -acotó la funcionaria- esto no los exime de revisiones por parte de la fuerza pública o "cumplir los protocolos en un área donde hay un conflicto. Si las manifestaciones son violentas, el Bloque de Seguridad tiene que cumplir su trabajo", apuntó.

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Roces entre la prensa y la vocera

La vocería de Jaramillo no ha logrado mejorar la relación con la prensa. Al contrario, cada vez es más tensa. Una muestra de aquello es cómo ha cambiado la dinámica de las ruedas de prensa de los lunes. Al principio, la funcionaria se quedaba hasta el último contestando las inquietudes y la semana pasada se fue cuando los periodistas comenzaron a realizarle preguntas incómodas.

En la de ayer, se limitó a dar respuestas escuetas a las interrogantes de los reporteros. Y lo último: impedir el acceso a las instalaciones del Palacio de Gobierno al periodista Enrique Alcívar, la mañana del lunes 13 de octubre de 2025, pese a que Jaramillo previamente le dijo que se pondría en contacto con el equipo de la Secretaría de Comunicación para habilitar su ingreso.

Los roces se han dado desde el inicio de su gestión. Tras ser designada como portavoz oficial, Jaramillo dedicó un tuit ríspido al periodista Martín Pallares, quien la criticó por su pasada relación con la prensa. “No odio a los periodistas, me caes mal vos”.

El consultor político Ronald Antón considera que Jaramillo desconoce los protocolos de vocería institucional. "No puede tutear a los periodistas (...) No puede hacerlo porque un vocero debe tratar a los reporteros con respeto". Debe existir una cercanía con la prensa y se debe trabajar como aliados estratégicos en la actual crisis. "La actitud que ha tomado es agudizar un poco más esta situación".

A esto se suma que tampoco hay respuestas cuando se le consultó sobre la adquisición de un medio de comunicación y una plataforma digital, a USD 2,6 millones. En este caso aparece como comprador Luis Alvarado Campi, asambleísta del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), cuya última declaración patrimonial no alcanza los USD 70 mil.

Lo hizo mediante su empresa Galamedios y sobre este tema Jaramillo apenas dijo: "no tengo conocimiento o si hay alguna alerta en la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) sobre esta transacción".

Para el politólogo Julio Echeverría, el Gobierno debe aclarar este tema a la brevedad posible por "limpieza política" y continuar trabajando con transparencia ante la ciudadanía. Más allá de esto, considera que es un momento crítico el que se vive en ambos lados y más por todo lo que está atravesando el país en la actualidad con las protestas.

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Percepción internacional

Antón expresó que históricamente no se ha dado una buena relación entre el Gobierno Nacional y la prensa crítica. No es solo cuestión de la actual gestión, pues en la época del expresidente Rafael Correa (2007-2017) se daban situaciones similares.

También recuerda lo que fue deportado el periodista español Lautaro Bernat, quien cubría las incidencias que se reportaban en las zonas de movilizaciones. Asimismo, a Santiago Gil, asistente de cámara y operador del dron de Ecuavisa, le fracturaron la mano derecha, ocasionándole una incapacidad de 28 días que podría extenderse por meses si necesita una operación.

"Viene la Policía pegándoles a los manifestantes, al que era y al que no era. Entonces yo alzo las manos y digo 'tranquilo, soy prensa, estoy grabando con el dron, que está en el aire'. Alza el tolete y me da en la mano.

Esto y lo de Alcívar generan -indica Antón- ante la prensa internacional, la percepción de que se está coartando la libertad de expresión.

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