En Ecuador se reportan 138 denuncias por ejecución extrajudicial y extralimitación en 2025

Dos policías fueron procesados por homicidio en Quito. Se los acusó de disparar contra Bryan Flores tras un choque en el sector de Cotocollao. Ocurrió la madrugada del sábado 30 de agosto de 2025.

Según la información preliminar, el joven iba con un amigo en un carro y se chocaron contra un vehículo en el que iban los dos uniformados. Los agentes creían que iban a ser asaltados, por lo que uno de ellos disparó al aire para "que paren".

El uso del arma de fuego se produjo mientras Bryan estaba por estacionarse para dialogar sobre el incidente, relataron sus amigos que ocupaban el otro vehículo.

Sin embargo, tras escuchar la detonación, corrió para escapar. El policía Joel Stevens S. interpretó esto como un intento de atropellamiento, según el acta de la audiencia, por lo que salió del carro y disparó contra el otro auto.

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Aunque en ese caso -en flagrancia- se estableció presuntas responsabilidades y hubo formulación de cargos contra dos miembros de la fuerza pública, en Guayaquil hay investigaciones que siguen en etapa previa. Es decir, no hay sospechosos identificados ni procesados.

Uno de los casos es el de la familia Díaz, en el Guasmo Sur. El 20 de julio de 2025, es la fecha que marcó sus vidas. Édison, de 44 años, manejaba su carro cuando murió abatido.

En videos de cámaras de vigilancia quedó grabado cuando varios policías rodean el vehículo e interceptan al hombre. Se escucharon detonaciones y luego se confirmó su muerte.

La institución justificó el hecho como "uso progresivo de la fuerza", argumentando que Édison no cumplió la orden de detener la marcha del vehículo. Los uniformados lo acusaron de supuestamente atropellar a cuatro personas.

Un versión que es rechazada enfáticamente por la familia de la víctima. Édison forjó por 25 años su negocio de organización de eventos, tenía tres hijos y era la cabeza de hogar. Ese día, fue a dejar unos parlantes y regresaba a casa cuando los vehículos policiales empezaron la persecución, indicó Héctor Gabriel Vanegas, abogado de la familia.

El carro quedó con al menos 80 orificios de bala. Como parte de la defensa, se pidió una segunda autopsia, cuyo resultado aún no está. Vanegas detalló que se ha identificado a 80 agentes que estuvieron de turno el día del hecho, y que 16 constataciones de código de armas de fuego y los uniformados a las que pertenecen.

La investigación de la muerte de Díaz sigue en etapa previa. El abogado Vanegas detalló que han pedido información al hospital donde supuestamente fueron atendidas las cuatro personas atropelladas, también que la Fiscalía llame a rendir versión a los uniformados.

"Nosotros vamos a pedir la pena máxima de 34 años, pero con todos los agravantes (...) que son 40 años", expresó Vanegas. El caso se investiga como extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Según el abogado Vanegas, puede entenderse también como una "ejecución extrajudicial".

Sobre estos delitos, el Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH) ha recopilado testimonios de familiares de las víctimas. El organismo maneja tres casos en Guayaquil. Uno de ellos, fue en 2024 durante una intervención militar, donde Carlos Javier Vega de 19 años murió de un disparo.

Según los datos públicos de la Fiscalía, en Ecuador se contabilizan 138 denuncias por ejecución extrajudicial y extralimitación en ejecución de un acto de servicio entre enero y julio de 2025. En el mismo periodo de 2024, hubo 193 y en 2023 se contabilizaron 78. (Ver cuadro)

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Guayas encabeza la lista con 42 denuncias, seguido de Los Ríos con 19, Pichincha con 15 y Manabí con 13. Así mismo, Azuay tiene 11 y Cotopaxi seis. El resto de las provincias registran entre dos a cinco casos, según los datos de la entidad.

Además del caso de Carlos Javier Vega, en enero de 2025 se reportó otro. Miguel Ángel Rodríguez, de apenas 14 años, murió durante un operativo policial y militar ejecutado en el sur de Guayaquil.

El adolescente estaba con otros amigos en un parque cercano a la vivienda. Al ver el operativo, se asustaron y salieron corriendo a casa. Según su padre, los uniformados los persiguieron a tiros y el menor gritó "me papi me dieron, me hirieron, ayúdame, me muero".

El adolescente murió tras ser llevado a un hospital. Uno de sus amigos recibió un disparo en la espalda y quedó cuadripléjico y está procesado en la cárcel por supuestamente ser miembro de una organización delictiva.

Comité advierte de demoras en investigación de casos en Guayaquil

El caso de Miguel Ángel también continúa en indagación previa al igual que el de un extranjero que murió durante una intervención de agentes metropolitanos en Guayaquil. Fernando Bastias, abogado del Comité de Derechos Humanos, detalló que este este tipo de hechos podrían representar un "patrón sistemático de uso letal de la fuerza de manera indiscriminada".

Según él, la fuerza pública posiciona el discurso de abatir a un delincuente. Dijo que eso pasó con el caso de Carlos Vega. "Luego se dieron cuenta de que no era una persona vinculada a algún grupo de delincuencia organizada, sino un estudiante que estaba con su primo", expresó.

Bastias indicó que las investigaciones demoran. En Guayaquil, explicó que solo hay un fiscal que investiga ese tipo de delitos y las desapariciones forzadas. Señaló que hace falta de actuación diligente en estos casos para que diligencias como información, versiones o análisis de objetos o restos de sangre, sea a tiempo y no mucho tiempo después.

El abogado dijo que esto y el incremento de carga laboral en Fiscalía pone en riesgo las pruebas. A eso se sumaría otra dificultad: la colaboración con las entidades involucradas. Bastias señaló que la Policía y Fuerzas Armadas, harían espíritu de cuerpo en lugar de colaborar con información.

En el caso de la Policía Nacional, tras la muerte del conductor en Quito, se pronunció en redes sociales. La entidad puntualizó que no tolerará hechos que manchen la institución.

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