Los procesos y las denuncias contra jueces en Ecuador aumentaron desde 2023

Los casos más recientes de jueces señalados por sus decisiones judiciales, fue en La Maná, Cotopaxi y Montecristi, en Manabí. Entre el 15 y el 17 de agosto, los magistrados fueron mencionados públicamente.

Durante un operativo por enriquecimiento ilícito en Daule, el ministro del Interior John Reimberg sostuvo que una juez de Montecristi había otorgado medidas sustitutivas a Hernán P. S. El hombre fue detenido la mañana del 15 de agosto, en una vivienda donde se hallaron armas y una maleta con USD 592 000.

En declaraciones ante la prensa, mencionó que un día antes (14 de agosto) estuvo en un operativo en El Oro que dejó cinco detenidos. Uno de ellos, era alias Yoker, que ya había sido capturado anteriormente y quedó libre con medidas sustitutivas en abril.

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"Ya es un: basta. Ya pónganse a trabajar del lado correcto. Ya hemos demostrado que el que no lo haga tendrá sus consecuencias por no cumplir con los ecuatorianos", expresó Reimberg. Además, añadió que la Policía debería estar dedicada a la investigación del crimen, y que le tocaría comenzar a investigar a ellos (los jueces) por las medidas que están tomando.

Ese mismo día, pero en Quevedo, Los Ríos y en el cantón La Maná, de Cotopaxi, el Ministerio de Defensa lideró un operativo contra Los Lobos. Allí capturó a Lizandro Z., quien según la entidad, estaba en una narcovivienda y presuntamente sería integrante de esa organización delictiva.

El juez de La Maná que conoció el caso por tenencia de armas, no dictó prisión preventiva. Ordenó presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. El Consejo de la Judicatura reaccionó ante la decisión y señaló que indagará si se incurrió en alguna inconducta por dictar dichas medidas.

De acuerdo a cifras del Consejo de la Judicatura, en 2025 se han ingresado 20 procesos por prevaricato contra jueces entre enero y julio. Mientras que en todo 2024 hubo 25, lo que evidencia un aumento de causas desde 2023, pues en ese año se reportaron un total de 16 procesos ingresados. (Ver cuadro)

En las denuncias por el delito de prevaricato también se refleja un aumento desde 2023. En ese año hubo 79 casos entre enero y julio. En el mismo periodo de 2024, se registraron 139 quejas y en 2025 se contabilizaron 123.

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Comerciantes asesinados en una cisterna de Guayaquil, el caso que puso en la mira las decisiones judiciales

El 6 de junio de 2025, cuatro comerciantes que habían sido secuestrados, aparecieron muertos en una cisterna clandestina en el noroeste de Guayaquil. Las autoridades capturaron a cinco sospechosos que supuestamente eran parte del grupo criminal Los Tiguerones, que opera en la zona donde se hallaron los cadáveres.

La investigación determinó que otros dos hombres estuvieron implicados en el secuestro: alias La Pinky y Cocacho. Uno de ellos ya había sido capturado tras el rapto de la ciudadana china, pero un juez ordenó otras medidas a la prisión preventiva.

Víctor Hugo Ordóñez, entonces comandante zonal de la Policía, comunicó su desacuerdo con la decisión del juez y cuestionó el accionar de Fiscalía, pues tampoco procesó a alias Cocacho por tenencia y posesión de armas, ya que fue detenido con una pistola y municiones.

En el parte policial de su detención fue indicado que alias Pinky había admitido que organizó la logística para el secuestro de la ciudadana china. También fue descrito que alias Cocacho afirmó que vigiló a la víctima en su local comercial.

Sospechosos con medidas cautelares fueron detenidos por tenencia de armas

De acuerdo a los expedientes judiciales, algunos de los sospechosos que han sido liberados con medidas alternativas fueron acusados de tráfico o tenencia de armas. Dos delitos que tienen una pena privadita de cinco a siete años o de seis meses a un año, según los artículos 362 y 360 del Código Orgánico Integral Penal.

Por ejemplo, en Machala, alias Ronquillo fue detenido por tenencia de armas en julio de 2025. El juez del caso dictó presentaciones periódicas contra el sospechoso.

Pero alias Ronquillo ya había sido detenido en marzo de ese año por tráfico de armas. Un proceso en el cual fue sobreseído. En la audiencia de flagrancia le habían dictado presentación cada 30 días y el 14 de julio, se lo declaró inocente. Dos días después, fue detenido nuevamente por tráfico de armas y el mismo juez que dictó su inocencia, presidió la audiencia de formulación de cargos.

Según el ministro Reimberg, había un informe pericial balístico y evidencias que vinculan al implicado con la organización delictiva Los Lobos.

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