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Los panelistas de Políticamente Correcto conversaron sobre la preocupante situación de las empresas públicas, cuyo deterioro institucional e ineficiencia económica no ha parado desde el 2016.
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Fotografía de dólares, una antena de televisión y una persona trabajando en una hidroeléctrica( )
La situación de las empresas públicas en el país lleva casi ocho años en declive. Analistas políticos aseguran que la reciente medida del presidente Daniel Noboa, de reducir los sueldos de los funcionarios, no será suficiente para revitalizar los sectores estratégicos. Explican que uno de los caminos radica en reformar la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
En el programa Políticamente Correcto del domingo 24 de marzo, Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos (FEDESEP) y representante de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), destacó que el problema detrás de la ineficiencia del sector público radica en que la actual normativa de servidores públicos patrocina la corrupción entre los funcionarios.
Según García, el artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público y el 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado obligarían a que un empleado público realice actos ilegales, bajo el temor de que al no cumplirlas sean despedidos.
¿Qué dice realmente la normativa? La LOSEP establece lo siguiente:
Art. 22.- Deberes de los servidores públicos: d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley.
Mientras que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dice:
Art. 41.- ...Los servidores públicos podrán objetar por escrito, las órdenes de sus superiores, expresando las razones por tal objeción. Si el superior insiste por escrito, las cumplirán, pero la responsabilidad recaerá en el superior.
García señaló que el problema de ineficiencia y corrupción no es reciente, sino que se arrastra desde hace años, lo que ha contaminado toda la estructura de las empresas públicas, haciendo que sean ineficientes.
Gabriela Suárez, directora ejecutiva de Grupo FARO, exhortó a que desde el Gobierno y la Asamblea se proponga un paquete de reformas a varios artículos de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) con el objetivo de evitar actos de corrupción y exigir que los funcionarios públicos de alto nivel sean evaluados bajo estándares de excelencia.
“Un ciudadano debe priorizar su ética y la transparencia, más si es un funcionario público”, sostuvo la directora de Grupo Faro.
En ese sentido, Suárez explicó que las empresas públicas que son eficientes se manejan bajo un modelo de gobernanza corporativa; es decir, una serie de procedimientos donde se califica a las mejores personas para ser gerentes de entidades estatales.
Oswaldo Madrid, ingeniero y experto petrolero, dijo en Políticamente Correcto que un primer cambio para mejorar la eficacia de las empresas públicas debería ser impedir que los nuevos gerentes tengan vínculos políticos. “Las empresas públicas no pueden ser los botines de los gobiernos, un gerente debe alejarse de cualquier tema político”.
Madrid también criticó que el presidente Daniel Noboa no proponga incentivos para mejorar el sector público y, en cambio, establezca un techo salarial.
“Para mejorar una empresa pública se necesitan altos perfiles con experiencia, $5.072 no alcanzará para atraer un buen gerente al sector público, mucho menos cuando en el sector privado los salarios son hasta tres veces más altos”.
Suárez explicó que, en promedio, el salario de un funcionario privado suele ser menor que el de un trabajador público. “Los sueldos oscilan desde $547 hasta $5.071, la diferencia es que, en los cargos de jerarquía, como de un director o un gerente, la remuneración privada es superior que en el sector público”, añadió la directora de Grupo Faro.
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¿Cerrar Petroecuador es la mejor alternativa?
Oswaldo Madrid, ingeniero petrolero y exgerente de Petroamazonas, explicó que es poco probable que la empresa pública más grande e importante del país reactive su producción. En este sentido, sugiere al Gobierno medidas de fondo.
“Una solución podría ser cerrar Petroecuador y crear una nueva con mejores estándares internacionales, que atraigan inversión y rehagan su estructura interna”.
El experto petrolero asegura que crear una empresa pública desde cero solucionaría los problemas de corrupción e ineficiencia que ha deteriorado la industria petrolera, misma que ha caído por debajo de los 480 mil barriles diarios hasta marzo de 2024.
Al contrario, Guyana, un país ubicado al nororiente de Sudamérica y cuya población no supera los 800 mil habitantes, registró en febrero de 2024 una producción petrolera de 640 mil barriles diarios.
Petroecuador, la empresa estratégica estatal más grande del país, no ha mejorado su capacidad de extracción y exportación de crudo en los últimos años. La industria petrolera ecuatoriana se encuentra en el puesto 29 del top 30 global de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).
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