Dos constitucionalistas sostienen que el Gobierno hace una interpretación errónea sobre la consulta popular en el Yasuní

La explotación petrolera en el bloque 43-ITT del Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Orellana, continuará realizándose, afirmó el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite.

El funcionario dio estas declaraciones ante periodistas el 23 de agosto y lo reafirmó este jueves 24 en el programa de entrevistas de Ecuavisa, Contacto Directo.

Santos Alvite explicó que sí acatarán la decisión de la consulta popular pero la explotación petrolera en el Yasuní seguirá hasta que se resuelva una duda.

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¿A qué duda se refiere? Santos Alvite dijo, citando el artículo 57 numeral siete de la Constitución, que "los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio".

En este sentido adujo que en la provincia de Orellana, donde se ubica el Parque Nacional Yasuní, ganó el No en la consulta popular, es decir, para que el petróleo sea explotado.

Y agregó que debería ser la Corte Constitucional quien aclare esta duda. No obstante, curiosamente, Santos Alvite añadió que desde el Gobierno no se enviará esta consulta.

La Corte Constitucional sin embargo no hace estos aclaramientos de oficio.

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Ramiro Ávila Santamaría, exjuez de la Corte Constitucional y abogado del colectivo Yasunidos, explicó que la consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní fue de carácter nacional ya que el 4 de octubre de 2013 la Asamblea Nacional otorgó una declaratoria de interés nacional para que se proceda con la actividad extractiva en esta área protegida, pues así lo exige la Constitución.

La Carta Magna en su artículo 407 dice:

"Por eso la consulta del Yasuní fue nacional. Entonces si la decisión originaria fue nacional la reversión de esa decisión también tiene que ser nacional", indicó Ávila.

En esto coincide el abogado constitucionalista André Benavides, quien dijo que los resultados de la consulta popular son de cumplimiento obligatorio.

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Y explicó por qué la "duda" del ministro Santos Alvite no tiene sustento poniendo un ejemplo:

"Porque si no diríamos que en aquellas parroquias de Quito donde ganó el No en la consulta popular del Chocó Andino entonces a ellos sí se les permitiría la explotación minera. La interpretación (del ministro) me parece algo forzada", sentenció Benavides.

Por su parte, Ávila Santamaría lo calificó como una "leguleyada de última".

El movimiento ambientalista Yasunidos emitió un comunicado luego de las declaraciones del ministro Santos Alvite. En el documento señalan que el dictamen de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento y que la extracción debe parar una vez que se proclamen los resultados.

En un tercer punto agregaron que en caso de que "haya indicios de que el Gobierno o sus funcionarios quieran incumplir con lo que elegimos las y los ecuatorianos" solicitarán a la Corte que haga cumplir su dictamen.

Según el Ministerio de Energía, para retirar la infraestructura y remediar la zona de impacto en el ITT, el Estado tendrá que destinar al menos 600 millones de dólares.

Ese monto no consta en los 5.700 millones de dólares contemplados para el funcionamiento administrativo operativo e inversiones de la empresa pública durante el 2023.

El Gobierno tiene un año para que se efectué todo el proceso de desmantelamiento. Por ello, la administración actual tiene dos meses en el proceso de esta tarea y Santos Alvite dijo que dejarán los planes listos para desmontar las instalaciones. Los otros 10 meses de trabajo corresponderán al gobierno entrante, señaló Inés Manzano, abogada ambientalista.

En horas de la tarde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el que dice que el Gobierno "respetará la voluntad popular sobre el Yasuní".

Con corte a las 15:00 de este 24 de agosto se han escrutado el 99,7% de las actas de la consulta popular del Yasuní y el Sí gana con el 58,96%, mientras que el No tiene el 41,04%.

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