
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para Suramérica y la Oficina de la Unesco en Ecuador exhortaron a las autoridades a investigar de manera exhaustiva y transparente el asesinato del periodista Patricio Aguilar, ocurrido el martes 4 de marzo.
Aguilar, director del medio comunitario El Libertador de Quinindé, en Esmeraldas, fue asesinado a tiros dentro de una vivienda, cuando aparentemente acudía a investigar otras balaceras ocurridas días antes.
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En un comunicado conjunto, estas dos oficinas de la ONU resaltaron la necesidad de una debida investigación que permita "la rendición de cuentas, la eliminación de la impunidad y la no repetición", al expresar su "profunda preocupación" y enérgica condena por el asesinato de Aguilar.
Con ello recordaron que "la libertad de prensa y la seguridad de periodistas son pilares fundamentales de una sociedad democrática".
"Toda amenaza y ataque contra periodistas y medios de comunicación debilita la libertad de expresión. Su labor es fundamental a la hora de informar, dar voz a las comunidades en situación de vulnerabilidad, denunciar las irregularidades y exigir cuentas a los gobiernos e instituciones", enfatizaron ambas entidades.
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Asimismo, instaron a todas las instituciones y organizaciones pertinentes a intensificar y articular sus esfuerzos para promover y garantizar la protección de periodistas, especialmente a través del Mecanismo Estatal de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico y la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) conducida por la sociedad civil.
Esmeraldas es una de las provincias más afectadas por la escalada de violencia que afecta a Ecuador, que en 2023 se llegó a situar al frente en índice de homicidios en Latinoamérica, lo que llevó al presidente, Daniel Noboa, a declarar desde inicios de 2024 al país bajo conflicto armado interno contra el crimen organizado, a cuyas estructuras delictivas pasó a catalogar de terroristas.
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Más de una decena de periodistas han salido de Ecuador en los dos últimos años debido a la falta de garantías para ejercer su trabajo de manera libre, la mayoría por amenazas de muerte por parte de bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, la extorsión, los secuestros y la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas.