Fiscalía informa que no ha recibido parte policial sobre la detención de Leonidas Iza

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, no ha sido puesto a órdenes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la institución no ha recibido algún parte policial sobre su detención.

En un comunicado difundido a las 09:22 de este martes 14 de junio, la FGE señaló que desconocía los detalles que habían motivado la detención del líder indígena, principal convocante a las movilizaciones contra el Gobierno Nacional, que se llevan a cabo desde este lunes.

El abogado Lenín Sarzosa, que forma parte del equipo jurídico de la Conaie y defiende a Iza, dijo desde los exteriores de la Unidad de Flagrancia de la FGE, en Quito, que hasta las 05:00 se desconocía el paradero de su representado.

"No sabemos por qué está detenido porque no existe un parte policial. Acá no hay absolutamente nada. No existe fiscal a cargo ni parte policial", dijo el jurista a la agencia de noticias API.

"Es una detención ilegal y arbitraria. Exigimos saber por qué le detuvieron", acotó Sarzosa.

Más temprano, pero en Latacunga, Carlos Poveda, otro abogado de Iza, anunció que presentó una solicitud de habeas corpus en el Complejo Judicial de Cotopaxi pidiendo la liberación inmediata del presidente de la Conaie.

Esta mañana trascendió que Iza permanecía retenido en la Unidad de Flagrancia de la FGE, en Quito.

La avenida Patria, donde se encuentra ese edificio público, estaba cerrada al tránsito vehicular. Policías y militares resguardaban la zona.

El Gobernador de Cotopaxi, Oswaldo Coronel, ya adelantaba esta mañana, en Contacto Directo, que Leonidas Iza podría ser procesado por los posibles delitos de paralización de un servicio público e incitación a la rebelión.

Según Coronel, el máximo representante de la Conaie es el único aprehendido en la provincia.

Con la detención de Iza, la Conaie hizo un llamamiento a "radicalizar" la protesta iniciada el lunes.

Entre los principales reclamos de la Conaie está el alza del coste de vida, especialmente de los precios de los combustibles.

Asimismo, la Confederación exige moratorias de deudas, precios justos en los productos del campo como arroz, banano y leche, así como una moratoria que frene "la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera" y una "auditoría y reparación ambiental por los impactos socioambientales".

Junto a ello, demandan que se respeten 21 derechos colectivos, como a la educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta libre, previa e informada, y que no se privaticen sectores estratégico