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El nuevo tropiezo de Correa.


26 jul 2016 , 10:02

Lea un análisis de Carlos Rojas sobre la utilización de los fondos de Ley Solidaria.

Opinion

En un lío innecesario se metió el Gobierno esta semana, a propósito de la transferencia realizada por el Ministerio de Finanzas para pagar deudas a proveedores del Estado en Esmeraldas y Manabí. Para tal efecto, el Régimen, a través de un oficio reservado, sacó USD 120 millones de la subcuenta creada en la Ley Solidaria, por el Terremoto, y la puso en la cuenta única del Tesoro para los pagos consiguientes.


Hasta el momento no se sabe a qué proveedores de esas provincias se debía dinero y por cuáles motivos. O si los retrasos en mención surgieron o no antes de los sismos de abril. Seguramente el Gobierno procedió  de forma correcta, pero las explicaciones contables que expuso dicho ministerio, a través de un comunicado público, no dejaron satisfecha a la oposición que encontró la oportunidad para arrinconar al Régimen.

 

El asambleísta Virgilio Hernández (Alianza País) no tuvo más remedio que exigir cuentas a su propio ministro, pues en qué iba a quedar su histriónica intervención de mayo pasado cuando llamó “indolentes” a los legisladores de oposición por no apoyar la Ley Solidaria.

 

Dejando a un lado las críticas de la oposición y de cómo el Régimen vaya a defender la transferencia reservada, queda una vez más en evidencia la poca apertura democrática de Alianza País a la hora de construir sus leyes, incluso en momentos tan delicados como el terremoto.

 

A lo largo del debate de esta Ley, que fue tramitada por la vía urgente, muchos sectores de la sociedad pidieron al presidente Rafael Correa transparencia y delicadeza a la hora de gestionar los dineros a recaudarse por concepto de alza del IVA, la donación de los días de sueldo de millones de ecuatorianos, así como otros tributos patrimoniales. Una de las sugerencias fue crear un fideicomiso para que la administración fuese más efectiva.

Correa se negó desde un principio. Puso reparos ideológicos a esta forma de “privatizar” los dineros públicos, desestimando la exigencia ciudadana de tener claridad con el manejo del dinero.

 

Ahora el tema le ha estallado en la cara, así el Régimen, como ya lo dijo, haya actuado con pulcritud. El problema es de estrategia. Cuando la forma en la que se ha manejado el dinero público en esta ‘década ganada’ se ha convertido en el talón de Aquiles de la revolución ciudadana, viene un nuevo cuestionamiento que era fácilmente evitable. Todo era cuestión de que el oficialismo despolitice el concepto de la transparencia.

 

El Presidente necesitará más que una campaña comunicacional para disolver las dudas sembradas por la forma en la que se realizó la transferencia del Ministerio. Incluso, el salir en una sabatina para aclarar el tema no tendrá el efecto de antes. Todo porque Correa, en la coyuntura del terremoto, en lugar de sumar terminó restando.