Chile dice que firmar Escazú le expondría a "controversias internacionales"

Pese a haber sido uno de sus principales impulsores, Chile no suscribirá el Acuerdo de Escazú, considerado el primer pacto medioambiental en Latinoamérica, porque su ratificación generaría "incertidumbre jurídica" y le expondría a "controversias internacionales", dijo este martes el Gobierno.

 

"El problema de Escazú está en la forma en que quedó escrito el texto final, la ambigüedad y amplitud en que quedaron algunos de sus artículos, sumado a su carácter supralegal", indicó en el Parlamento la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

 

Entre las razones esgrimidas para rechazar el tratado, el Gobierno alega que este podría "implicar cambios inciertos en la legislación" chilena, generar "incertidumbre jurídica" y exponer al país a "controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas".

 

Adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es además el primer pacto mundial en contener disposiciones específicas sobre la protección de los defensores ambientales.

 

El tratado busca garantizar la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región.

 

DE IMPULSOR A DETRACTOR

 

El presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, fue uno de los principales impulsores y negociadores del tratado durante su primer mandato (2010-2014) y alentó al resto de países a ratificarlo hasta hace solo unos meses, cuando cambió su postura.

 

"No hay ninguna contradicción. Chile mantiene una política ambiental fuerte y resuelta que se mantiene firme", aseguró por su parte el canciller Andrés Allamand.

 

Firmado por 22 países pero ratificado solo por nueve Parlamentos regionales, el acuerdo necesita de 11 ratificaciones para entrar en vigor y el plazo para hacerlo expira el próximo 26 de septiembre.

 

"En distintos países como México, Perú, Colombia o la propia Argentina se está realizando también un análisis muy a fondo del tratado", agregó Allamand.

 

El rechazo a Escazú generó una ristra de reacciones en la oposición y entre los grupos ambientales, que acusaron al Gobierno de no explicar las verdaderas razones para no suscribirlo.

 

"Piñera ha engañado al país haciéndonos creer que los temas ambientales están en el centro de su agenda. La política de este gobierno es dar certezas a las industrias que destruyen nuestro planeta e incertidumbre a las personas que habitamos este territorio", afirmó el director nacional de Greenpeace, Matías Asun.

 

Para el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Múñoz, los argumentos esgrimidos "no son más que excusas", mientras que la diputada comunista Carmen Hertz indicó que estos son "jurídicamente incorrectos, derechamente inverosímiles y una vergüenza internacional".

 

"La verdadera razón es que este tratado le da más garantías a las comunidades sobre las empresas contaminantes, y este es un Gobierno de los empresarios", agregó por su parte el diputado ecologista Félix González. EFE