Hay división entre los bloques de la Asamblea por la recomendación de la Contraloría.
La Asamblea Nacional está nuevamente en la mira. Hermuy Calle, uno de sus legisladores, es señalado por la Contraloría General del Estado, por haber usado instalaciones públicas para desarrollar actos proselitistas, y recomienda su destitución. Este caso divide nuevamente los criterios al interior del Legislativo.
El legislador por el movimiento CREO, Fabricio Villamar, solicita al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que resuelva la recomendación de la Contraloría sobre la sanción con destitución de Calle. Este 12 de febrero de 2019 entregó el pedido.
#URGENTE: He solicitado al CAL resuelva la petición de Contraloria General del Estado sobre la DESTITUCIÓN del Asambleísta Hermuy Calle, por el uso incorrecto de bienes públicos de la ESPOCH para fines proselitistas. pic.twitter.com/Y1OTocyV0v
— Fabricio Villamar (@fabovillamar) 12 de febrero de 2019
Para la socialcristiana Cristina Reyes, integrante del CAL, la resolución de Contraloría debe conocerla el pleno de la Asamblea, dijo que hay dos visiones contrapuestas: aplicación inmediata de la sanción y la apelación que podría suspender la destitución. En este punto, su coideario César Rohon cree que la decisión es vinculante (de obligatorio cumplimiento), pero una vez apelado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hay que esperar lo que allí se resuelva.
"Hermuy Calle no ha cometido ningún delito por solicitar el auditorio de la Universidad de Chimborazo", manifestó la legisladora Soledad Buendía, también integrante del Consejo de Administración Legislativa, y alega persecusión política.
En un nuevo pronunciamiento, Calle calificó de "antijurídica, desproporcionada y ridícula" la resolución de Contraloría.
La Contraloría emitió el 22 de enero de 2019 el resultado del examen especial sobre Calle y el 29 de enero, el asambleísta presentó la impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Admistrativo, instancia que el 6 de febrero aceptó el trámite.
Pablo Celi, contralor general del Estado subrogante, recién informó el tema el 11 de febrero de 2019.
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