Extraen información de dispositivos en caso Balda

Dentro del proceso judicial por el secuestro al exasambleísta Fernando Balda, el miércoles 6 de junio de 2018 se realizó la audiencia reservada para extraer la información de dispositivos externos proporcionados por el agente de Inteligencia Raúl Chicaiza, quien está detenido.
 

 

En la diligencia apareció el abogado del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, quien también fue vinculado a la causa y está prófugo. 
 

 

Indicó que tomó su defensa desde el martes 5 de junio de 2018 y que su patrocinado no habría participado del delito.

 

 

“Pablo Romero Quezada fue posesionado un día antes del suceso que el señor Balda denuncia. Al estar investigando de asociación ilícita y secuestro es menester destacar que estamos un tiempo mayor para que exista una asociación ilícita para cometer el secuestro”, aseguró. 

 

 

El martes 5 de junio, por tercera ocasión se convocó para que rinda testimonio el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, recientemente vinculado al proceso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La jueza de la Corte Nacional Daniella Camacho, quien conoce el caso, acogió el pedido de Balda y notificó a la Interpol para la localización y aprehensión de Romero. 
 

 

El martes 5 de junio, el exsecretario de Inteligencia Rommy Vallejo acudió al segundo llamado de la Fiscalía. Según Balda, “él ha dicho que recibió órdenes expresas del expresidente Rafael Correa de viajar a Colombia a perseguirme, a investigar sobre mi paradero y a reportar cuál era mi situación en Colombia”.
 

 

El agente de Inteligencia Raúl Chicaiza es una pieza clave en el proceso judicial por el secuestro a Balda. Aceptó su participación en el hecho, está cooperando con la Fiscalía y en los próximos días se fijará fecha para que rinda testimonio.
 

 

Balda, exdiputado del Partido Sociedad Patriótica (PSP), sostiene que cuando estaba en Bogotá en 2012 cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, aunque la Policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro.
 
 

El político fue expulsado de Colombia el 10 de octubre de 2012 por pedido de Quito, que adujo que el exlegislador estaba condenado a dos años de prisión por injurias contra el gobierno de Correa, pena que debió cumplir en una cárcel ecuatoriana.

El exlegislador, quien se consideraba un perseguido político de Correa, presentó una demanda ante la justicia ecuatoriana en la que insiste en la participación del exmandatario en su presunto secuestro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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