Designan administración temporal en Fondo de Cesantía

Desde este lunes 3 de septiembre de 2018, una comisión técnica del Banco de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) asumió la administración temporal del Fondo de Cesantía del Magisterio hasta la designación de un gerente titular.

Según un comunicado del Biess, la administración temporal estará a cargo de Mónica Salazar. El 31 de agosto de 2018, el Banco del IESS terminó el contrato de mandato con el exgerente general de FCME, Robert Andrade.

Las acciones del Biess, según asegura el boletín, tienen por objetivo “precautelar la estabilidad, sostenibilidad y operación del Fondo que alberga a más de 82.000 socios activos”.

La desvinculación de los colaboradores, en su mayoría miembros del Comité de Empresa, se dio “debido a que solicitaban en un posible cuarto contrato colectivo, privilegios y condiciones exuberantes, que de ser aceptados causarían daño financiero, afectarían la rentabilidad del Fondo de Cesantía y a sus partícipes activos”, señaló este lunes 3 de septiembre de 2018 un boletín de prensa del FCME.

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Añade que también ocurrió “la difusión no autorizada de la base de datos a los detractores de la administración actual del Fondo, misma que fue utilizada para intimidar a partícipes del Fondo de Cesantía, e incluso colaboradores”. Por esto, se impulsan acciones civiles y penales.

La denuncia de socios del Fondo acerca de presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la institución enfrentó a los actuales administradores con los anteriores. El 21 de agosto de 2018, la entonces administración indicó que una auditoría determinó un perjuicio de 80 millones de dólares de 2002 hasta 2015, cuando el manejo pasó al Biess.

Según esa administración, los exdirectivos buscan regresar, aseguran, por sus cercanías políticas. Los anteriores directivos negaron las acusaciones. Los trabajadores separados, según la administración del Fondo de Cesantía, ya fueron notificados y serán indemnizados.

El FCME rechaza las manifestaciones de los extrabajadores, quienes amenazan con una huelga de hambre, y las agresiones a los que colaboran con el Fondo de Cesantía.