Contraloría cuestiona contrataciones en 6 estados de emergencia y excepción

La Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal en las asignaciones económicas efectuadas tras las declaratorias de seis estados de excepción y emergencia, entre 2013 y 2017, durante la presidencia de Rafael Correa.

De acuerdo a la entidad de control hubo una asignación de recursos superior a la necesitada y en algunos casos se hicieron procesos de adquisiciones que no contribuyeron a superar la situación.

La investigación abarcó las declaratorias de emergencia y excepción tras seis eventos: 

- La insubordinación policial del 30 de septiembre de 2010

- La erupción del volcán Cotopaxi, en agosto de 2015

- El terremoto en Esmeraldas y Manabí, en abril de 2016 

- El fenómeno de El Niño

- Agresiones a la Policía y Fuerzas Armadas

- La explotación de madera en Esmeraldas 

Para estos eventos el Ministerio de Finanzas asignó 1,400 millones de dólares. 

De acuerdo al informe de la Contraloría: "existe información inconsistente de las asignaciones a las carteras Estado, lo que no permitió conocer los recursos invertidos por cada decreto de excepción".

En el caso del terremoto de 2016, el Ministerio de Agricultura y Ganadería adquirió más de 188 mil fundas de leche en polvo por 528,000 dólares, pese a que el Ministerio de Salud advirtió que se detuvieran las donaciones por la escasez de agua limpia para realizar la mezcla. 

Después del sismo, los ministerios de Vivienda, Turismo y Salud también realizaron contrataciones que van desde los 89,000 hasta los 384,000 dólares. Estas fueron pagadas en exceso o inutilizadas.

La Contraloría ya informó de este caso a la Fiscalía.