
Luego de los resultados del pasado domingo 20 de agosto, cuando en una de las papeletas de las elecciones anticipadas se incluyó la pregunta de la consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní, al gobierno de Ecuador la respuesta lo ponía en aprietos.
Y aunque la actividad extractiva se hace en una parte de una de las zonas más biodiversas del planeta, lo que implica reducir el impacto a la naturaleza y posiblemente a las comunidades indígenas que habitan el sector, el sí en la consulta genera un enorme hueco al presupuesto estatal que contaba con esos ingresos por lo menos para 20 años más.
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En palabras del analista económico, Walter Spurrier, el resultado positivo en los votos sobre la causa ambiental, es muy grave, pero también añade que las autoridades no han dado el cálculo preciso del monto que se dejaría de percibir.
Spurrier también explica que la Corte Constitucional (CC), al parecer estuvo en contra del proyecto del ITT desde que empezó a tomar forma.
En el 2013, Petroecuador hacía los trabajos exploratorios para desarrollar el campo de extracción en el que el cálculo estimado de producción para el 2022 podía llegar a los 300 mil barriles, pero, "lo que sucedió después es que la CC no otorgó los permisos que permitan los trabajos, autorizando la intervención en sólo dos de las nueve plataformas previstas", afirma el analista Walter Spurrier.
Walter Spurrier explica que si el gobierno lo acata y desvía dinero de otras actividades para desmantelar las instalaciones, va a tener que dejar de atender otras prioridades y se vendrá una crisis importante que pone en riesgo a la población. Además, comenta que se tiene que poner dinero para amortizar las inversiones que se hicieron y que ya no van a ser productivas, y por supuesto, dejar de percibir los ingresos del cuarto yacimiento de petróleo del país, el más joven de todos.
Petroecuador proyecta, adicionalmente, en 251 millones de dólares el costo de las compensaciones sociales que se deben hacer, en las que incluyen los empleos directos que se pierden por el cierre de las actividades.
Walter Spurrier dice que ahora hay que pensar de donde sacar ese dinero que falta, más allá de los impactos ya mencionados. “El gobierno que llegue podría decirle al pueblo, bueno, como ustedes ya decidieron lo del Yasuní, voy a reducir el subsidio de los combustibles o eliminar el subsidio de los combustibles”. Y cita más ejemplos, pero finalmente todo se traduce en impacto para la población.
Otras alternativas que se dieron durante la campaña a favor del Sí fue que el Estado se enfocara en recaudar las deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) de los 500 principales deudores del Ecuador. Esto podría generar recursos alrededor de los 2 mil millones de dólares, según algunos economistas consultados.
También se habla del valor de las exoneraciones tributarias que, de acuerdo al SRI, llegaron a los 6 mil millones de dólares en el 2021.
Pero Walter Spurrier insiste en que nunca hubo argumentos técnicos para decir que no era posible parar la explotación, y tampoco hubo argumentos fiscales porque no tenemos presupuesto del Estado en el que se contemplen 500 millones de dólares para esta tarea de desmontar la infraestructura. Y eso es algo que genera un déficit adicional del que ya se arrastra y que bordea los 5 mil millones de dólares.
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