El caso es seguido por la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
Cuatro años después, un grupo de 900 personas aún están a la espera de su viviendas, pagadas a una inmobiliaria encargada de un proyecto urbanístico en Durán.
El caso es seguido por la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, y ya se ordenó la devolución del dinero a los perjudicados, cuya mayoría reside en Italia y España.
Una de ellos es Mercedes Chonillo, a quien se le adeuda cerca de USD 13 mil facilitados en 2012, como parte de pago por una casa en una urbanización aledaña a Durán.
Zaida Rovira, coordinadora zonal de la Defensoría del Pueblo, explica que por varias ocasiones se ha reunido con los representantes de la compañía, para llegar a un acuerdo y que se devuelvan los dineros.
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