Seguridad y las señales confusas del Gobierno

Llama la atención, y mucho, que pese al recrudecimiento de la violencia en el país, el presidente Daniel Noboa no envíe una señal clara y redonda sobre cómo va a trabajar su administración de aquí en adelante, tomando en cuenta que la campaña electoral quedó atrás y que la propaganda nunca suplirá las políticas de Estado.

Por el contrario, empiezan a brotar hechos y mensajes aislados, dispersos y muy desalentadores que ponen al Ecuador, otra vez, en la incertidumbre y al Gobierno, sin un relato explicativo.

Mientras en Guayaquil, el reporte de masacres y sicariatos aumenta de forma descontrolada y aterradora, la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, prefiere avivar la pelea con el alcalde Aquiles Álvarez. En esta semana trágica que vive esa ciudad, lo que menos había que hacer es lanzar dardos y decir que con Álvarez no está para tardes de té, insistiendo en que tiene mucho trabajo pendiente en las calles para, se supone, contener esta ola violenta.

El argumento de Rovira es inaceptable, pues la gravedad de lo que ocurre en Guayaquil obliga (verbo mandatario, donde no cabe ningún tipo de vacilación) a que la gobernadora y el alcalde trabajen en conjunto.

Si en otras facetas del Gobierno y la política no ha habido problema en que Carondelet reclute correístas como Marcela Holguín o Fausto Jarrín, en la lucha coordinada por vencer a la criminalidad y proteger a los guayaquileños, tampoco debieran pesar las diferencias ideológicas. Si las leyes del oficialismo se logran aprobar con algún voto díscolo de la RC5, ¿por qué Rovira se pone tan quisquillosa con Aquiles?

Las otras señales confusas salen de la Asamblea. La Ley de Inteligencia que se aprobó esta tarde ha levantado una serie de dudas, miedos y preocupaciones ante la posibilidad de que el espionaje estatal no tenga frenos legales. Frente a un articulado que deja a discreción de las autoridades de Inteligencia la potestad de decidir a quién pincharle el teléfono, sea o no tiguerón, urge una explicación política contundente de parte del Gobierno y un compromiso fehaciente por respetar las libertades y la privacidad de los ciudadanos de bien.

Llama la atención que la comisión encargada de este tema hiciera ajustes mínimos al proyecto, pese a las numerosas críticas que recibió, con lo que las dudas y alarmas nunca se lograron despejar.

¿Por qué si mientras la llamada Ley de Solidaridad (antes, ley contra las economías criminales) fue replanteada y ajustada en un sinnúmero de temas, recogiendo los aportes de la oposición y sectores jurídicos y ciudadanos, con la Ley de Inteligencia, el oficialismo fue tan hermético? ¿Cedieron en la primera porque la que realmente importaba era la segunda?