- Fotografías de archivo de Miguel Uribe y Fernando Villavicencio( )
Veinte y dos meses separan las dos tragedias. El candidato presidencial Fernando Villavicencio recibió varios disparos en su cabeza, el 9 de agosto de 2023, a la salida de un mitin electoral en Quito. Prácticamente, murió de contado por cuenta de gatilleros pagados por oscuros intereses criminales y políticos.
A Miguel Uribe Turbay también le dispararon en la cabeza el sábado en la tarde, en una concentración proselitista en una zona de clase media de Bogotá. Aunque vivo aún, su estado es muy delicado, sin tener idea de las secuelas que podría dejarle el tiro. Era precandidato presidencial de Centro Democrático, la tienda a la que pertenecen los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque.
Villavicencio era asambleísta, Uribe Turbay, senador. El primero, con una trayectoria mucho más sólida por su trabajo como periodista, investigador y fiscalizador. Fue uno de los personajes que puso al correísmo ante los tribunales de justicia.
La carrera del joven dirigente colombiano apenas tomaba vuelo y sus críticas al petrismo y la izquierda que él representa eran constantes.
A Villavicencio le disparó un gatillero colombiano de 18 años al que de la forma más atropellada y sospechosa liquidaron ese mismo día. Al adolescente de 15 años que apretó la glok contra Uribe Turbay lo agarraron con vida; ojalá su versión permita esclarecer los hechos.
En Ecuador, pese a la trascendencia del personaje y las condiciones monstruosas de asedio de las mafias, la Justicia no logra dar con los autores intelectuales, más allá de una serie de versiones, aún en análisis de la Fiscalía, que ponen a los capos de la mafia y altos dirigentes de la RC5 como posibles culpables.
Siempre se ha dicho que las instituciones colombianas y en especial la Justicia, son mucho más serias, oportunas e implacables que las ecuatorianas. Ojalá pronto se sepa quién quiso matar a una persona que, a diferencia de Villavicencio, no era —de lo que se sabe— un objetivo de alto valor al que los criminales tenían que liquidar.
Hasta aquí, las comparaciones entre dos personajes que expusieron su vida por la lucha política que, en sociedades democráticas, debieran hacerlo en libertad y garantías a su integridad.

Lo más delicado, ahora, es comparar a Ecuador y Colombia para ver cómo el ascenso de la violencia y el terrorismo que tortura a estas tierras camina a la misma velocidad que el deterioro de todos los indicadores de seguridad que el vecino país se propuso alcanzar a inicios de los años 2000.
Ecuador es un territorio donde las mafias y los narcotraficantes han sembrado miedo y muerte, en gran medida, porque acá se trasladó y se emuló gran parte de la operación ilícita de Colombia, un país en donde los cultivos de la hoja de coca, regados en su frontera sur y con Venezuela, crecen a tasas anuales del 10 por ciento.
No solo eso, a la tragedia de la inseguridad que estalló en Ecuador en febrero de 2021 con los primeros amotinamientos carcelarios, se suma el odio y la polarización política, vigentes desde 2007 con el proyecto correísta y del socialismo del Siglo XXI.
En Colombia ocurre lo mismo. La llegada de Gustavo Petro, figura de esa izquierda que justifica la violencia como método para llegar, administrar y mantenerse en el poder, ha encendido a un país que por décadas está en vilo, preso de una violencia irracional.
Que las instituciones colombianas, encargadas no solo de investigar y dar con los responsables del atentado contra Miguel Uribe, estén en medio del insulto, las acusaciones, las intrigas y las amenazas hasta golpistas, en todo sentido, sin que el Presidente de la República llame a la cordura y prefiera seguir echando gasolina al fuego, es lamentable.
Tanto la sociedad de Ecuador como la de Colombia tienen la obligación de volver a la senda de la cordura y el respeto institucional. De lo contrario, el mal se tomará todo.
Recomendadas