Nada es perfecto y menos lo que hacen los políticos ecuatorianos. Sin embargo, la elaboración del reglamento para avanzar con el concurso para elegir al nuevo Fiscal de la Nación merece un voto inicial de confianza por el énfasis que este documento pone a la hora de filtrar a los postulantes.
Lo más rescatable es esa decisión, casi draconiana, de no permitir que ningún abogado que haya patrocinado a gente procesada por narcotráfico, crimen organizado, peculado y demás delitos deleznables tenga la opción de participar.
Desde los sectores más puristas del derecho se ha cuestionado esta reglamentación por ser discriminatoria y ambigua. Aluden que la profesión se nutre y se curte en el ejercicio diario y la defensa de los casos. Por lo tanto, esta exclusión puede también dejar de lado a gente con experiencia.
Sin embargo, en un país tan poco institucionalizado como el Ecuador y tan permeado por las mafias, es válido que se impida estar en el concurso a gente que por esos servicios profesionales tenga nexos cercanos, intereses y favores que pagar a esa clientela.

"Ya hemos visto cómo el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, ha permitido que ciudades y provincias elijan alcaldes, prefectos y asambleístas que responden a los narcos, bajo el argumento inaceptable de que el organismo no cuenta con instrumentos legales sólidos para filtrar a las mafias metidas en las campañas".
Pues bien, el mensaje del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es políticamente potente, porque hace de esta rigidez una línea roja elemental para un crear un concurso medianamente confiable. En ese sentido, el país necesita respuestas y posiciones firmes.
Es claro que las contradicciones políticas entre el ala del presidente Andrés Fantoni y la Liga Azul correísta fue intensa, al punto que la presión de la opinión pública desinfló las pretensiones de Augusto Verduga de que la pieza maestra de este proceso radicara en la discrecionalidad de los políticos representados en ese Consejo y demás inhabilidades laxas que para Fantoni equivalían a permitir que La Roca entrara en la Fiscalía.
Otro aspecto que vale la pena resaltar es la posibilidad de que la ciudadanía siga en vivo y en directo todas las fases del concurso para garantizar transparencia y vigilancia. Así, en el futuro, no valdrán las quejas de quienes cuestionen el rumbo del proceso.
No se trata de poner las manos al fuego por este reglamento, que bien podrá ser manoseado si los políticos y caudillos así se lo proponen. Pero es importante resaltar que se ha dado un paso firme en ese anhelo de tener un Fiscal que se duela por este pobre país.
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