Colombia busca desmarcarse de la CIJ en medio del litigio con Nicaragua

Colombia se desmarcó hoy de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al anunciar un acuerdo con Ecuador en la demanda por fumigaciones en la frontera común y denunciar la inconstitucionalidad del tratado que reconoce la jurisdicción de ese tribunal en el litigio con Nicaragua.

 

Los dos pasos fueron anunciados al mismo tiempo por el presidente Juan Manuel Santos en una declaración que hizo luego de presentar en la Corte Constitucional de Colombia una demanda contra el tratado conocido como Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de la Corte de La Haya en los países firmantes.

 

Sobre el caso con Ecuador, el mandatario explicó que el agente de ese país en La Haya entregó hoy "la carta en donde desiste de la demanda que había puesto contra Colombia por el asunto de las aspersiones (de cultivos ilícitos) en la frontera y Colombia la está aceptando".

 

"Creo que con el acto de hoy no tenemos ningún pleito ante la Corte y esperamos no tener más pleitos ante la Corte Internacional de Justicia en el futuro", manifestó en referencia al acuerdo con Ecuador, un mensaje que bien podría aplicarse al litigio con Nicaragua a la luz de los últimos acontecimientos.

 

El objetivo de la demanda contra el Pacto de Bogotá es que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la tesis del Gobierno de que el fallo de la CIJ que el pasado 19 de noviembre redefinió los límites marítimos del país con Nicaragua no se ajusta a la Carta Magna porque quien define las fronteras es el Congreso.

 

Según Santos, "hay dos artículos de ese tratado (Pacto de Bogotá) que violan claramente una disposición de nuestra Constitución porque dicen que el país tiene que cambiar los límites, las fronteras, automáticamente en virtud de algún fallo de la Corte Internacional".

 

El tratado del Pacto de Bogotá fue firmado en abril de 1948 en la capital colombiana, justo en la conferencia que dio origen a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a varios instrumentos de protección a los derechos humanos y de solución pacífica de controversias entre los Estados.

 

Posteriormente, mediante la Ley 37 de 1962, el Estado colombiano aprobó ese tratado que ahora cuestiona.

 

"Puede resultar paradójico que el país anfitrión de esa asamblea histórica denuncie el Pacto de Bogotá, pero realmente lo que Colombia está señalando es que ese mecanismo y la propia CIJ necesitan ajustes", dijo a Efe el especialista en relaciones internacionales Ricardo Abello.

 

El argumento del Gobierno forma parte de la "estrategia integral" de cuatro puntos anunciada el pasado lunes por Santos en un mensaje a la nación en el que dijo que el fallo de la Corte de La Haya que otorgó a Nicaragua derechos económicos sobre 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe es "inaplicable" si no se firma antes un tratado que garantice los derechos de los colombianos en la zona.

 

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, ha manifestado que el país "en ningún momento está desconociendo el tribunal de La Haya", pero al mismo tiempo, algunos analistas consideran que los movimientos del Gobierno indican que el litigio va para largo.

 

El 28 de noviembre del año pasado, diez días después del fallo de la CIJ desfavorable a Colombia, el Gobierno comunicó al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, la decisión de retirarse del Pacto de Bogotá y así dejar de reconocer la jurisdicción de la CIJ, lo que ahora complementa con la demanda por inconstitucionalidad de ese tratado.

 

Para el director del Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, Alfredo Rangel, esos movimientos son "una maniobra de distracción" por parte del presidente "para mostrar firmeza en la defensa de los intereses nacionales cuando en el fondo está acatando el fallo de La Haya".

 

"El Gobierno esta tratando de ocultar el hecho evidente de que ha acatado el fallo de la Corte de La Haya sobre el mar territorial y de hecho a sugerido a Nicaragua negociar un nuevo tratado (limítrofe)", agregó Rangel.

 

Foto: EFE