Elecciones Ecuador 2023: la protección del agua planteada en la consulta popular genera un debate entre ambientalistas

Las dos últimas preguntas de la próxima consulta popular están relacionadas al cuidado del medio ambiente.

Según el Gobierno Nacional, era importante que la ciudadanía se pronuncie sobre este tema luego de votar sobre seguridad, la conformación de la Asamblea Nacional, las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPPCS), la autonomía de la Fiscalía General del Estado (FGE), la reducción de organizaciones políticas, además de elegir a alcaldes, prefectos, concejales, autoridades de juntas parroquiales y a los vocales del CPCCS.

Todo en una misma fecha, el 5 de febrero.

Justamente por la cantidad de información que tendrán los votantes, Ivonne Yánez, cofundadora de la oenegé Acción Ecológica, señala que el Ejecutivo no necesitaba de un referéndum para fortalecer los controles de los sistemas hídricos.

En ese sentido, dice que crear un nuevo subsistema de protección hídrica en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) "debilitaría a los sistemas comunitarios y a las juntas del agua, que han protegido el líquido vital desde hace cientos de años".

El Ejecutivo argumenta que, si bien el Código Orgánico del Ambiente, en su artículo 38, señala que uno de los objetivos del SNAP es la protección hídrica, en ninguno de sus subsistemas: el estatal, el autónomo descentralizado, el comunitario o el privado, se incorpora a las áreas de protección hídricas; y que la Ley de Recursos Hídricos tampoco lo hace.

"Es innecesario que a través de una enmienda constitucional se haga esto", dijo Yánez este jueves 19 de enero, en un debate en Contacto Directo. La ambientalista pide votar 'No' en las preguntas relacionadas con el medio ambiente.

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En este debate también participó la abogada Inés Manzano. Señala que la importancia de plantear esta pregunta radica en la posibilidad de tener el marco legal para gobernar en estos subsistemas de protección hídrica.

Y añade que "las juntas de agua no se ven afectadas".

La jurista, experta en temas medioambientales, considera que hay que votar 'Si'.

De acuerdo a Yánez, no.

Asegura que si al Ejecutivo realmente le interesara el cuidado del agua "debería evitar entregar permisos y concesiones a empresas mineras".

E insiste que el Ministerio del Ambiente tendrá un control superior al de las juntas del agua y que ello desencadenaría permisos irregulares, justamente para llevar a cabo actividades ilegales de extracción de recursos.

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En ese sentido, Manzano coincide en que el Ministerio del Ambiente y que el sistema judicial deben ser más efectivos en controles y sanciones, respectivamente.

Por otra parte, menciona que las juntas del agua no deben ser "santificadas" porque éstas "se administran por personas naturales con otros intereses".

Revise el debate completo.