Dos hechos marcaron esta semana en el siempre complejo mundo de la legislación ecuatoriana. La Asamblea posterior a la muerte cruzada ha terminado sus funciones y lo hace en medio de un tirón de orejas de la Corte Constitucional que cuestiona su inveterada inclinación a aprobar leyes irresponsables, repletas de demagogia.
Resulta que el máximo organismo de control de la Carta Política dio la razón al presidente Daniel Noboa y su veto a la reforma que obligaba a las empresas a contratar a personas mayores de 40 años, a riesgo de ser sancionadas. El argumento de la Corte fue que con ello se viola el principio constitucional de igualdad.
Lo curioso de esta ley es que toma cuerpo en un país donde las personas antes de los 25 años ya están inmersas en el círculo perverso del desempleo y la falta de oportunidades por más estudios que acumulen sus hojas de vida.
A este cuestionamiento se suma el veto total del Gobierno a la ley que disponía la entrega de un dólar por cada barril de petróleo industrializado a las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos.
Sin lugar a dudas, esta era una propuesta incoherente, pues el país no solo debe reestructurar sus finanzas por la caída del precio del crudo, sino que además la industria estatal refleja una contracción del 6% de su actividad en último año.
No se entiende cómo el primer poder del Estado es capaz de legislar con semejante irresponsabilidad, dando la espalda a los hechos y la realidad.
La Asamblea de Viviana Veloz pasará a la historia sin mayor relevancia, entre otras razones, por esta manera de entender y procesar la política. Siempre creando clientelas perversas que han dinamitado el progreso del país.
A partir del 14 de mayo vendrá una nueva legislatura que tendrá características únicas, pues es la primera en 50 años marcada por el bipartidismo.
Es decir, que al menos el 50% de sus asambleístas velará por la creación de leyes que sintonicen con la visión del poder Ejecutivo que, dentro del explosivo y poco ilustrado mapa institucional del Ecuador, suele ser el actor más responsable.
Ojalá se sienta la fuerza de la bancada de gobierno a la hora de construir una pedagogía que oriente a los ciudadanos y a las élites a que existan leyes con visión nacional y preceptos serios, además de responsables.
De lo contrario, su falta de claridad y sentido común hará que en los archivos parlamentarios aumente el número de proyectos de ley sin tratarse, muchos de ellos innecesarios. No tiene sentido que en 16 años, la Asamblea haya acumulado más de 1.300 iniciativas que constatan el trabajo poco provechoso de los 672 parlamentarios que han pasado por el hemiciclo desde 2009.
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