24 feb 2019 , 04:20

Ecuador rechaza uso de la fuerza contra manifestantes en la frontera entre Venezuela y Colombia

Este domingo, manifestantes se enfrentaron nuevamente a militares venezolanos.

A través de un comunicado, la Cancillería de Ecuador rechazó "el uso de la fuerza pública y la acción de grupos paramilitares contra manifestantes pacíficos" en Venezuela, durante la jornada de este sábado para que entre ayuda humanitaria a ese país. La entidad ratificó la urgencia de que la crisis política debe alcanzar una solución pacífica y democrática.

 

Las declaraciones Se dan tras los hechos de violencia ocurridos durante una tensa jornada de disturbios antes el bloqueo para que entre la ayuda humanitaria al país.

 

El comunicado también señala que "la entrega de bienes esenciales a la población no se debe impedir con bloqueos o actos de fuerza contra quienes quieren facilitarla; antes bien, es necesario buscar canales de coordinación que la propicien, al margen de consideraciones que no sean estrictamente humanitarias".

 

Poblaciones venezolanas fronterizas con Colombia y Brasil estaban bajo tensión este domingo, con pequeños focos de choque entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en Ureña -también fronterizo con Cúcuta- y San Antonio.

 

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Los militares bloquearon este domingo el puente Simón Bolívar con un contenedor de camión. Pequeños grupos de jóvenes encapuchados se enfrentaban con piedras a un contingente policial y militar, que desplazó una tanqueta al lugar, constató un equipo de AFP.

 

En Ureña también hubo pequeños choques. Un cordón de militares mantenía bloqueada este domingo la entrada de un puente fronterizo entre Ureña y Cúcuta, constató otro equipo de la AFP. 

 

En Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil, también había tensión. Dos personas murieron y una treintena resultaron heridas el sábado en enfrentamientos entre uniformados y pobladores, mayormente indígenas.

 

Venezuela afronta la peor crisis de su historia reciente con escasez de medicinas y bienes básicos, y una inflación que ha forzado un éxodo de 2,7 millones desde 2015, según la ONU.

 

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