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Defensoría del Pueblo pide devolver personería a UNE

Redacción

arivera

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Viernes 01 de Febrero de 2019 - 11:51
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  • Gina Benavides, titular de la Defensoría del Pueblo. Foto: API
Gina Benavides, titular de la Defensoría del Pueblo. Foto: API

La Defensoría del Pueblo exhortó a las entidades estatales pertinentes que restituyan la personería jurídica de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

En una rueda de prensa, Gina Benavides, titular de la Defensoría del Pueblo, pidió al Ministerio de Educación, que anule la resolución de agosto de 2016 y proceda a restituir por acto administrativo la personería jurídica a la UNE y sus bienes. También, solicitó a la Asamblea Nacional para que actúe en favor de las leyes que permitan el real y efectivo derecho a la libertad de asociación.

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Según la presidenta de la UNE, Isabel Vargas, existiría la intención de la Comisión Liquidadora de la UNE de vender los bienes de esa organización. La UNE tiene un patrimonio en bienes de 15 millones de dólares.

La potestad de la decisión es del Ministerio de Educación. La UNE fue formada en 1944 y aprobada jurídicamente en 1950. Según la Ley de la Defensoría, las instituciones tienen ocho días para responder al exhorto. 

 

La Defensoría del Pueblo exhortó a las entidades estatales pertinentes que restituyan la personería jurídica de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

En una rueda de prensa, Gina Benavides, titular de la Defensoría del Pueblo, pidió al Ministerio de Educación, que anule la resolución de agosto de 2016 y proceda a restituir por acto administrativo la personería jurídica a la UNE y sus bienes. También, solicitó a la Asamblea Nacional para que actúe en favor de las leyes que permitan el real y efectivo derecho a la libertad de asociación.

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Según la presidenta de la UNE, Isabel Vargas, existiría la intención de la Comisión Liquidadora de la UNE de vender los bienes de esa organización. La UNE tiene un patrimonio en bienes de 15 millones de dólares.

La potestad de la decisión es del Ministerio de Educación. La UNE fue formada en 1944 y aprobada jurídicamente en 1950. Según la Ley de la Defensoría, las instituciones tienen ocho días para responder al exhorto. 

 

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