Romo: Ejecutivo no tiene que tomar una decisión sobre María Alejandra Vicuña

El Gobierno nacional se hace a un lado ante la situación de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, señalada por un supuesto cobro de “contribuciones” o “diezmos” cuando se desempeñaba como asambleísta. Desde el Legislativo, varios funcionarios del Régimen se pronunciaron sobre el tema.

“El Ejecutivo no tiene que tomar una decisión, sobre este tema la postura es permitir que las instituciones hagan lo que tienen que hacer... El presidente (Lenín Moreno) no es un juez, no se cree juez”, señaló María Paula Romo, ministra del Interior, quien acudió este 28 de noviembre de 2018 a la comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea por el debate de la Ley de Comunicación.

Sobre la posición del primer mandatario, la ministra afirmó que el Gobierno está empeñado en la tarea de luchar contra la corrupción. “No hay cobertura, no hay espíritu de cuerpo, lo que hay es una voluntad de que se esclarezcan las cosas y se sigan los procedimientos”.

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“La posición del presidente ha sido pública y es una posición clara, que las instituciones cumplan con su trabajo y hagan lo que tengan que hacer. La vicepresidenta probablmente tiene su interpretación de lo que está sucediendo”, agregó, tras consultarle si Moreno respalda a Vicuña.

En tanto, Andrés Michelena, secretario de Comunicación, aclaró que el presidente no ha tenido ninguna reunión personal con la vicepresidenta. “Ha tenido una conversación telefónica, algunos miembros del gabinete nos reunimos a expresarle a la vicepresidenta los mensajes del presidente en persona".

Mientras en la Asamblea, se analizan otras medidas y se habla de un eventual juicio político. “Nosotros vamos a analizar cómo evoluciona este tema, hay algunas declaraciones que hemos escuchado y algunas acciones dentro de la Fiscalía. En la Asamblea, también es posible realizar varias acciones, que tenemos que valorarlas en la medida en que estos hechos ocurrieron cuando ella ejercía su cargo de asambleísta, se podría hacer una acción política y de fiscalización”, manifestó Elizabeth Cabezas, presidenta del Legislativo.

En este sentido, agregó, se evalúa crear una comisión especial que investigue las acciones de Vicuña.

En su declaración (sin opción a preguntas), la segunda mandataria señaló que estas acusaciones en su contra surgen como medida de presión, tras no haber aceptado otorgar cargos públicos a Ángel Polibio Sagbay, un excolaborador en la Asamblea. Asimismo, aseguró que detrás de esta “infamia” están el político Andrés Páez y la exasambleísta Sofía Espín.

Paéz denunció a Vicuña en la Fiscalía por los delitos por concusión y tráfico de influencias. Según dijo, "hay suficientes argumentos para proceder al enjuiciamiento político a la señora Vicuña".

A Espín la señaló por supuestamente haber amenazado a la asambleísta Ximena Peña, coordinadora de la bancada de Alianza PAIS, con revelar documentación en su contra si no impedía su destitución, en la sesión del 13 de noviembre de 2018. Ecuavisa.com intentó contactar a Espín para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta.