14 may 2020 , 07:39

Justicia llama a 3 ministros y procurador por derrame de petróleo en abril

Organizaciones indígenas calculan que el derrame fue de al menos 15.800 barriles de crudo.

Tres ministros y el procurador general del Estado fueron llamados a comparecer ante la justicia para aclarar las circunstancias de un derrame de petróleo en abril, ocasionado por la rotura de tres oleoductos en la Amazonía ecuatoriana.

 

Así lo informó este jueves 14 de mayo en un boletín la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), que precisó que un juez de la provincia de Orellana solicitó la comparecencia de los funcionarios el próximo lunes, en el marco de la acción de protección y medidas cautelares a favor de los afectados por el vertido de crudo.

 

El suceso ocurrió el pasado 7 de abril en una región situada entre las provincias de Napo y Sucumbíos.

 

Los titulares llamados por la justicia son el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, el de Ambiente, Paulo Proaño, y el de Salud Pública, Juan Carlos Cevallos.

 

También han sido citados el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, el representante legal de la Compañía de Crudos Pesados Ecuador (OCP) y el Gerente de la petrolera estatal PETROECUADOR.

 

Las comparecencias, que se realizarán en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Francisco de Orellana, servirán para que las autoridades y empresarios "den a conocer las acciones realizadas en el marco de sus obligaciones y competencias respecto a los hechos sucedidos el pasado 7 de abril", reza el comunicado de CONFENIAE.

 

La demanda fue presentada el 29 de abril por varias organizaciones como la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), CONFENIAE y obispos de Orellana y Sucumbíos, con el apoyo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

 

Las organizaciones indígenas calculan que el derrame fue de al menos 15.800 barriles de crudo en los ríos Coca y Napo, y lo consideran uno de los desastres ambientales más graves en los últimos quince años en Ecuador, que ha afectado a 27.000 personas.

 

"Como organizaciones que acompañamos a las víctimas insistimos en que este derrame pudo evitarse si las entidades que comparecerán, hubiesen asumido oportunamente las acciones preventivas para evitar los daños", manifiestan los demandantes en el boletín.

 

Por otra parte, el liderazgo indígena amazónico exhortó al Gobierno a que acometa "la activación urgente" de brigadas de salud para atender especialmente a menores de poblaciones indígenas. 

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