26 dic 2019 , 11:33

Fiscalía analiza acciones contra jueza que revocó prisión a favor de Pabón y otros

Paola Pabón regresó la mañana del jueves a su despacho en la Prefectura de Pichincha.

Tras la revocatoria de prisión preventiva a favor de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González (procesados por el delito de rebelión), este jueves 26 de diciembre del 2019 la prefecta de Pichincha retomó sus funciones. La prefecta de Pichincha arribó a las instalaciones de la Prefectura con un grillete en su pierna derecha y rodeada de simpatizantes.

 

“Hemos actuado en derecho y hemos notificado al Consejo Provincial de Pichincha que desde hoy regreso a mis funciones en el Gobierno Provincial. Espero que la vida nos permita seguir trabajando y que la justicia prevalezca en la provincia y el país”, dijo Pabón hoy por la mañana. De esta manera, la funcionaria retoma sus actividades tras permanecer 72 días privada de su libertad.

 

 

No obstante, a criterio de la Fiscalía General del Estado, pese a la argumentación del fiscal del caso para que se mantenga la prisión preventiva sobre los acusados, debido a que otras medidas resultaban "insuficientes", la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Patlova Guerra, aceptó la revocatoria de prisión.

 

Tras la decisión de la magistrada, la Fiscalía anunció que analizará las acciones legales que tomará en atención a lo dispuesto en el Art. 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de prevaricato de los jueces, e indica que quienes "procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas (...) serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Se impondrá además la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por seis meses".

 

Según el Ministerio Público, la jueza revocó la prisión preventiva "pese a la prohibición legal establecida en el inciso primero del Art. 536 del COIP", el cual no permite la sustitución de la prisión preventiva en las infraciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco años.

 

"La revocatoria se dio, pese a que -durante la audiencia- la Fiscalía Provincial de Pichincha expuso elementos de convicción respecto a que los procesados habrían participado en un presunto desconocimiento de la Constitución e intento de derrocar al Gobierno a través de actos violentos. La jueza tampoco tomó en cuenta que existe prohibición legal", argumentó la Fiscalía.

 

En la misma audiencia, el fiscal reformuló los cargos por presunto delito de rebelión (Art. 336, inciso primero, COIP).

 

La jueza ordenó la liberación de los imputados al cambiar la orden de prisión preventiva por medidas sustitutivas, como portar grillete electrónico de ubicación y la presentación ante la autoridad cada lunes.

 

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fue detenida junto a Christian González, uno de sus asesores, el lunes 14 de octubre de 2019, acusados de rebelión, tras los once días de protestas, en octubre, contra el Gobierno de Lenín Moreno.

 

En el juicio se incluyó al exasambleísta correísta, Virgilio Hernández quien estuvo prófugo y se entregó el pasado 5 de noviembre.

 

Los tres acusados habían sido objeto de una investigación por "financiamiento a movimientos o grupos armados" e imputados de los cargos de rebelión, que conllevan una pena de cinco a siete años de cárcel.

 

Y en base al inciso primero del delito de rebelión que reformuló la Fiscalía, se sanciona con una pena privativa de libertad de siete a diez años a la persona que: "Se levante en armas, para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones".

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