13 nov 2019 , 10:45

Admiten dos pedidos de juicio político contra María Paula Romo

La decisión se tomó con cuatro votos a favor y tres abstenciones.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio paso, este 13 de noviembre de 2019, a dos solicitudes de juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo.

 

Con 4 votos a favor (Patricio Donoso, Cristina Reyes, Ana Belén Marín y Rina Campain) el pedido pasó a conocimiento de la Comisión de Fiscalización para su análisis. Tres legisladores se abstuvieron de votar ( César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional; César Solórzano, vicepresidente; y Carlos Cambala).

 

Luego de varios meses de "encajonado" han sido admitidos a trámite dos juicios políticos contra Romo, por presentar las firmas de respaldo y cumplir con los requisitos de ley, explicó la asambleísta Reyes.

 

"Ha sorprendido un poco las abstenciones del presidente, vicepresidente, y del asambleísta Cambala, puesto que nuestra función no es dar valoración política y subjetiva, sino verificar si se cumplen o no los requisitos para admitir a trámite los juicios politicos", manifestó Reyes.

 

En las solicitudes, la ministra Romo es acusada de incumplimiento de funciones, por la crisis carcelaria e inseguridad en el país. 

 

Con 36 firmas de respaldo, la asambleísta Amapola Naranjo -del bloque de la Revolución Ciudadana- presentó el pasado 24 de septiembre, una solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno.

 

Naranjo detalló las tres causales para el enjuiciamiento: crisis penitenciaria, femicidios e incumplimiento de ley para erradicar violencia contra mujeres.

 

En agosto pasado, los asambleístas Lourdes Cuesta (independiente) y Roberto Gómez (movimiento CREO) presentaron una solicitud de juicio.

 

En el primer pedido, se enfatizó un presunto "incumplimiento de funciones en el tema de inseguridad ciudadana, crisis carcelaria y mal uso de bienes públicos".

 

Romo ha asegurado que la solicitud de juicio político en su contra y la polémica en torno a la utilización de una aeronave estatal para un viaje vacacional, son parte de una posible estrategia de la oposición para desestabilizar al Gobierno de Lenín Moreno. 

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