29 sep 2018 , 12:04

$160 millones de sobreprecio en complejos judiciales

Investigan 214 contratos firmados por la Judicatura entre 2011 y 2014.

Más de 160 millones de dólares de sobreprecio denunció el Consejo de la Judicatura en la construcción de decenas de unidades judiciales en todo el país. Esos contratos fueron firmados durante el Gobierno de Rafael Correa. Además, se identificaron obras sobredimensionadas y con grandes perjuicios.

 

Lo que habrían descubierto sería el mayor caso de corrupción al interior del Consejo de la Judicatura. Según el vocal de este organismo, Aquiles Rigaíl, son 214 contratos que tendrían irregularidades, firmados en el periodo del 2011 al 2013, durante la administración de Paulo Rodríguez como presidente del Consejo de la Judicatura.

 

Lea: Analizan 214 contratos firmados por el Consejo de Judicatura

 

 

 

 

 

Los problemas se detectaron en la construcción, consultorías, diseños y fiscalización de obras, es decir, en todo el proceso de edificación de unidades judiciales a escala nacional y con millonarios perjuicios.

 

Además del sobreprecio, según el informe que presentaron este 28 de septiembre públicamente, se construyeron obras sobredimensionadas, es decir, gigantescos edificios que son subutilizados y con escaso personal. Por ejemplo:

 

- En el cantón Balsas, de la provincia de El Oro, la Unidad Judicial tiene un área de 2.800 metros cuadrados de construcción, un edificio de 4 pisos, pero allí solo trabajan 6 funcionarios y costó 2 millones y medio de dólares.

 

- En el cantón Echeandía, en Bolívar, hay un enorme complejo es de 2.900 metros cuadrados. Una edificación junto a cultivos en donde solo hay 8 funcionarios y costó 2 millones 100 mil dólares.

 

- En el cantón Quero, en Tungurahua, el moderno complejo es de 2.700 metros cuadrados tiene 4 pisos de oficinas y salas en las que solo hay 8 funcionarios, con un costó un millón 400 mil dólares.

 

Dentro del informe, que ya presentaron a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado, se detalla una supuesta red de empresas y compañías constructoras vinculadas con familiares directos del expresidente del Consejo de la Judicatura, Paulo Rodríguez, que habrían sido las beneficiadas con estos millonarios contratos.

 

 

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