Los trámites se crearán por ley y serán justificados

La relación entre la administración pública y los administrados será más simple. Los tortuosos trámites que las instituciones pedían a los ciudadanos se reducirán. Para ello, el proyecto de Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos establece algunos mandatos.

El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pabel Muñoz, en la presentación del informe para segundo debate, explicó las mejoras que hicieron en la propuesta, a fin de asegurarse que los ciudadanos cuenten con un Estado más eficiente, eficaz y de calidad.

Los trámites solo se pueden crear por Ley, decreto u ordenanza y no solo eso, sino que antes de su aplicación tendrá que informarse o socializarse con la ciudadanía. Además, si se crea un trámite deben suprimirse otros, mientras que los que no se justifiquen en un plazo determinado, deberán suprimirse.

De manera obligatoria, las instituciones del Estado deberán utilizar la información que repose en el Sistema de Registro de Datos Públicos, por ejemplo, si se puede verificar ahí la cédula de ciudadanía, ya no será necesario pedirla.

Se dispone un plazo perentorio para que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) resuelvan solicitudes pendientes sobre proyectos inmobiliarios y simplificación de trámites para liquidación y disolución de compañías.

A través de la norma, también se obliga a la existencia de una plataforma de pagos por medios electrónicos y se crea un sistema de compensación de deudas entre privados y el Estado. Con los aportes de los parlamentarios, en el primer debate, este sistema se hace extensivo a tributos retenidos o percibidos.

Los legisladores pidieron, además, y se incluyó, que el trámite en línea sea en su totalidad, no solo una parte.

Sin embargo, en vista que no todos están familiarizados con la tecnología, se obliga a las instituciones a publicar los horarios de atención, la identidad de los funcionarios que informarán y asistirán en la gestión del trámites, así como mecanismos que permitan conocer el estado de los mismos. El ciudadano podrá calificar el servicio.

Los otros cambios tienen que ver con la regulación en la forma de presentar información a la Contraloría y la manera de archivarla; los títulos apostillados, legalizados o acreditados serán documentos suficientes para la liquidación de becas; y, reglas para la informatización de los servicios del Registro Oficial.

Por pedido del asambleísta Esteban Melo, representante de Europa, Asia y Oceanía, se reforma la Ley de Movilidad Humana para regular el derecho para la homologación, convalidación y reconocimiento de estudios realizados en el exterior.