Conaie solicitará amnistía para manifestantes sentenciados en caso Saraguro

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) informó que solicitará a la Asamblea Nacional que conceda la amnistía a los manifestantes procesados por participar en protestas contra el Gobierno en agosto del año pasado.

La petición será presentada este jueves en la sede de la Asamblea en Quito, como una de las acciones que ha emprendido la Conaie tras la condena a cuatro años de prisión contra dos indígenas por participar en unas protestas en la localidad de Saraguro, en la provincia de Loja.

Legisladores del movimiento Pachakutik, el brazo político de la Conaie, serán los encargados de presentar el pedido de amnistía ante la Asamblea, informó la organización en un comunicado.

Jorge Herrera, presidente de la Conaie, recordó que la justicia procesa a varios campesinos acusados de agredir a policías y paralizar varios servicios públicos durante las protestas de agosto.

Herrera dijo que esos procesos judiciales no detendrán las exigencias del movimiento indígena para que el Estado atienda sus demandas.

Una comitiva de la Conaie también acudió el lunes 6 de junio al Consejo de la Judicatura en Quito para solicitar que se revise la actuación de los jueces que la semana pasada condenaron a dos miembros de la comunidad de Saraguro.

Kathy Betancourt, dirigente del colectivo de la Mujer de la Confederación, indicó que la condena a cuatro años de prisión a una mujer y un hombre de Saraguro fue "la gota que rebasó el vaso".

Según ella, los jueces Mercy Hurtado, Pablo Narváez y René Muñoz, del Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Loja (sur), sentenciaron de manera injusta a Luisa Lozano y Amable Angamarca por interrumpir servicios públicos durante la protesta (corte de carreteras), cuando la pena máxima en esa causa es de solo tres años.

Los jueces, de acuerdo con Betancourt, escogieron la mayor pena y le sumaron un tercio adicional por presuntos "agravantes" que hasta ahora no han precisado.

De su lado, el director del Consejo de la Judicatura, Tomás Alvear, recordó que ese organismo no tiene competencia para revisar o dejar sin efecto las sentencias dictadas por los jueces, aunque remarcó que el organismo siempre está presto a atender las quejas formales respecto de las actuaciones administrativas de los operadores de justicia.

Las protestas de agosto pasado fueron convocadas por grupos indígenas y sindicales contra un paquete de enmiendas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo que, entre otras cosas, permitía la reelección presidencial indefinida.

Asimismo, exigían la derogación o archivo de normativas que, según ellos, afectaban al sector laboral, a los indígenas, campesinos y a la población en general, como las leyes de Agua, Tierra, unos decretos calificados por ellos como "antiobreros" y un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), entre otros.

El presidente Rafael Correa criticó entonces la violencia de los manifestantes que dejaron más de un centenar de policías heridos.