28 jul 2019 , 03:13

Sucesora de Roselló en Puerto Rico rechaza el puesto

La secretaria de Justicia dijo no estar interesada en el cargo.

La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, quien debía remplazar temporalmente al gobernador Ricardo Rosselló, forzado a renunciar por un amplio movimiento de protesta, dijo este domingo 28 de julio que no tenía "interés" en asumir el cargo. 

 

"Reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora", escribió Vázquez en Twitter. 

 

"Espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado", agregó, prolongando una crisis política que lleva varias semanas en la isla caribeña. 

 

Las protestas comenzaron a mediados de julio, tras la difusión de un chat de Telegram entre el gobernador y once altos funcionarios locales, anteriores y actuales. 

 

Los hombres intercambiaron bromas misóginas y comentarios homofóbicos, incluso sobre el cantante Ricky Martin. En uno de los mensajes, un colega de Rosselló bromea sobre las víctimas del huracán María, que mató a casi 3.000 personas en septiembre de 2017. 

 

Ante masivas manifestaciones, encabezadas por artistas famosos, Rosselló anunció el miércoles su renuncia, efectiva a partir del 2 de agosto. 

 

Indicó que sería reemplazado temporalmente por Vázquez, segunda figura del gobierno. 

 

Pero el anuncio no calmó la ira de los manifestantes, quienes también pidieron su salida en las redes sociales con el hashtag #WandaRenuncia. 

 

El rapero Residente, que participó en varias protestas, llamó el domingo en Twitter a una manifestación el lunes en el Ministerio de Justicia de San Juan. 

 

Antigua colonia española convertida en territorio estadounidense bajo el estatus especial de "Estado Libre Asociado", Puerto Rico está luchando por recuperarse del huracán María y un 44% de la población vive por debajo del umbral de pobreza.

 

La isla también está sacudida por un escándalo de corrupción luego de que seis funcionarios locales fueron acusados de malversar 15 millones de dólares de fondos federales destinados a la reconstrucción.

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