Acusan a Bini de acceso no consentido a sistemas

Fiscalía sustenta el cambio de delito en intento del sueco de acceder a sistemas de CNT.

  • QUITO, Ecuador.- Fiscalía sustenta el cambio de delito en intento del ciudadano sueco de acceder a sistemas de CNT. Foto: API
29 Agosto, 2019, 3:09 pm
Por: Teresa Menéndez 

(ACTUALIZADO A LAS 17H30 DEL 29 DE AGOSTO DE 2019

CON DECISIÓN DE LA JUEZA)

 

De ataque a la integridad de sistemas informáticos a acceso no consentido a un sistema informático es el delito por el que la Fiscalía General del Estado acusa al ciudadano sueco Ola Bini. La jueza Yadira Proaño acogió el pedido del fiscal Fabián Chávez, presentado este 29 de agosto de 2019, en la audiencia de reformulación de cargos.

 

 

Durante la audiencia, desarrollada la tarde del jueves 29 de agosto, la jueza Yadira Proaño ratificó las medidas cautelares dictadas en su contra: prohibición de salida del país y presentación cada ocho días ante el fiscal que lleva la causa


La diligencia estaba prevista para las 12H00, pero por falta de traductor, la magistrada la postergó para las 14H30.

Según el fiscal Chávez, la reformulación de cargos surge tras la captura de pantalla encontrada en el celular de Bini, que -a su criterio- sería una prueba de que el ciudadano sueco intentó ingresar a un sistema de comunicación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Esta captura habría sido enviada por WhatsApp a Marco Argüello, otro de los procesados.

La Fiscalía solicitó los movimientos migratorios, desde 2010 hasta la fecha, del hacker alemán Andrew Müller Maguhn, quien visitó a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres. También pidió a la Cancillería el registro de visitas de Müller.

Esto, tras la extracción que hizo el FBI de las conversaciones de Bini, que demostrarían que tenía buenas relaciones con funcionarios del gobierno de Rafael Correa y que también era parte activa en la estrategia de defensa del australiano. Su abogado Carlos Soria cuestionó la participación de EE.UU. en el proceso.
 
Además, denunció que hace unos días le revocaron la autorización al acceso de copias, otorgado por la Fiscalía. Y negó algún tipo de relación de Bini con el expresidente Correa.

Para cualquiera de los dos delitos mencionados, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece la misma pena: de 3 a 5 años de prisión.

 

(ACTUALIZADO A LAS 17H30 DEL 29 DE AGOSTO DE 2019

CON DECISIÓN DE LA JUEZA)

 

De ataque a la integridad de sistemas informáticos a acceso no consentido a un sistema informático es el delito por el que la Fiscalía General del Estado acusa al ciudadano sueco Ola Bini. La jueza Yadira Proaño acogió el pedido del fiscal Fabián Chávez, presentado este 29 de agosto de 2019, en la audiencia de reformulación de cargos.

 

 

Durante la audiencia, desarrollada la tarde del jueves 29 de agosto, la jueza Yadira Proaño ratificó las medidas cautelares dictadas en su contra: prohibición de salida del país y presentación cada ocho días ante el fiscal que lleva la causaLa diligencia estaba prevista para las 12H00, pero por falta de traductor, la magistrada la postergó para las 14H30.

Según el fiscal Chávez, la reformulación de cargos surge tras la captura de pantalla encontrada en el celular de Bini, que -a su criterio- sería una prueba de que el ciudadano sueco intentó ingresar a un sistema de comunicación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Esta captura habría sido enviada por WhatsApp a Marco Argüello, otro de los procesados.

La Fiscalía solicitó los movimientos migratorios, desde 2010 hasta la fecha, del hacker alemán Andrew Müller Maguhn, quien visitó a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres. También pidió a la Cancillería el registro de visitas de Müller.

Esto, tras la extracción que hizo el FBI de las conversaciones de Bini, que demostrarían que tenía buenas relaciones con funcionarios del gobierno de Rafael Correa y que también era parte activa en la estrategia de defensa del australiano. Su abogado Carlos Soria cuestionó la participación de EE.UU. en el proceso.
 
Además, denunció que hace unos días le revocaron la autorización al acceso de copias, otorgado por la Fiscalía. Y negó algún tipo de relación de Bini con el expresidente Correa.

Para cualquiera de los dos delitos mencionados, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece la misma pena: de 3 a 5 años de prisión.

 

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