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Según sus integrantes, los mails confirmarían injerencia en la justicia y persecución.
La "Mesa por la Verdad y Justicia Perseguidos Políticos Nunca Más", que siguió más de 300 casos de supuesta persecución de la justicia en el gobierno de Rafael Correa, presentó este 5 de agosto de 2019, en la Fiscalía un pedido para que se investigue los supuestos correos de Pamela Martínez y Laura Terán, que revelarían injerencia en la Justicia durante ese régimen.
“Existiría una organización extrajudicial que hacía seguimiento e injerencia política a los perseguidos del régimen de Rafael Correa. Se habla de 12 mil correos... Alrededor de 21 de 300 casos han sido vigilados, principalmente del 30S, pero pensamos que hay más”, señaló Paúl Jácome, presidente de la Mesa de la Verdad y Justicia, desde la Fiscalía.
Paúl Jácome, presidente de la "Mesa por la Verdad y Justicia Perseguidos Políticos Nunca Más", solicita a Fiscalía investigar los supuestos correos de Pamela Martínez y Laura Terán, que revelarían injerencia en la Justicia durante el régimen de Rafael Correa. Vía @apifoto pic.twitter.com/MF4yGn7YsC
— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) August 5, 2019
En su informe final, la organización determinó que 495 funcionarios judiciales, entre ellos 14 miembros de la Corte Nacional de Justicia, participaron en los actos de persecución.
A la Fiscalía también acudió el asambleísta César Carrión, exdirector del hospital de la Policía cuando ocurrió la revuelta policial el 30 de septiembre de 2010 (30S). El legislador denuncia un posible fraude procesal en su caso, pide que se investigue “todos los procesos judiciales manipulados por el Gobierno anterior” respecto del 30S.
Asambleísta César Carrión pide a la Fiscalía que se investigue “todos los procesos judiciales manipulados por el Gobierno anterior” respecto del #30S. Vía @apifoto pic.twitter.com/NSSMDiyWOA
— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) August 5, 2019
El 12 de julio de 2019, el parlamentario denunció que $1,6 millones se usaron “para distorsionar, a través de pautajes, sobre el rescate de la democracia”.
La Contraloría también observó las actuaciones admintrativas en relación a los sucesos del 30S. En un informe borrador, estableció que la Presidencia y otras entidades desviaron $1,5 millones para festejos, que contrataron productos de comunicación que no estaban presupuestados y que hasta se organizaron desayunos con los fiscales que tenían en sus manos las investigaciones sobre el tema.
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