29 jul 2019 , 11:10

Archivos de Martínez: Correa premiaba o castigaba a jueces

Nuevas confirmaciones del manejo de la justicia en el anterior régimen.

Archivos que llevaban Pamela Martinez, exasesora de Rafael Correa, y Laura Terán, asistente de Martínez, en sus computadoras, mencionan que el exmandatario participaba en todos los pasos que se daban en casos judiciales de su interés.

 

De acuerdo con estos documentos, por sus manos pasaron listas de jueces, pedidos de fiscales, exigencias de jueces constitucionales, entre otros.

 

 

Uno de los casos es el del juicio contra diario El Universo.  En los reportes de Martínez, tras la sentencia que obligaba al periódico a pagar 40 millones de dólares a Correa y cárcel para sus directivos, se sugirió nombrar al autor de esa sentencia, el juez Juan Paredes, como miembro de la Corte del Guayas.

 

Según Martín Pallares, del portal 4pelagatos, cree que “es importante que aquí hubo conocimiento del presidente, sobre todos estos temas: recaudación de fondos para campaña, manejo de la justicia, manipulación de los concursos para las cortes”.

 

El abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, también escribió por mail a Martínez. Le pidió que organice una reunión con los testigos y peritos en el juicio contra Fernando Villavicencio, Kléver Jiménez y Carlos Figueroa para instruirles antes de la audiencia de juicio. 

 

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Martínez también intercedió con Correa a favor de Santiago Cuesta, actual asesor presidencial de Lenín Moreno, en un conflicto de una de sus empresas con Seguros Sucre. Cuesta aceptó que hizo el pedido. “Una cita que le pedí al presidente Rafael Correa porque me habían demandado”, dijo a la prensa. 

 

Ramiro García, quien integra la comisión que evaluará a los jueces de la Corte Nacional, recordó que el correísmo implantó un sistema estructurado de control de la justicia. “El problema es que terminaron comiéndose las bases mismas del estado constitucional de derechos y justicia”, aseguró. 

 

Martínez también dio cuenta a Correa de pedidos de cargos, ayudas económicas, negociaciones de embajadas, nombramientos de jueces y hasta contrataciones de empresas. Toda esta información está contenida en más de 20 mil páginas que ya están en manos de la Fiscalía 

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